No hubo reforma

Hace tres días, desde este mismo espacio, llamábamos la atención sobre el hecho de que, pese a que la legislatura termina esta semana, en el Congreso llevaban 15 meses sin programar el debate y la votación de un proyecto de reforma constitucional que buscaba apartar a quienes hayan sido condenados por delitos graves de la posibilidad de que sus rostros aparezcan en las cartillas de los próximos procesos electorales. Dicha propuesta, finalmente, se discutió este jueves –aunque sobre una versión con varios recortes arteramente realizados– y el resultado fue el peor posible (para el país, se entiende): no se votó y, por ende, las puertas para quienes han probado no tener respeto alguno por la vida ajena, el Estado y la democracia seguirán abiertas de par en par.

Como mencionamos antes, el dictamen en cuestión buscaba reformar la Carta Magna para prohibir que quienes fueron sentenciados por –entre otros delitos– terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado, corrupción, homicidio, trata de personas, secuestro y traición a la patria puedan o bien postular a cargos de elección popular o bien ser designados en cargos de confianza en el Estado, hasta por diez años después de haber sido rehabilitados. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), presentó una nueva versión del texto en la que la lista de delitos se había achicado, dejando afuera los de violación sexual, colusión, corrupción, trata de personas, homicidio y secuestro.

Los recortes no parecen casuales. Todo el país sabe que los delitos por los que hasta el año pasado Alberto Fujimori se encontraba recluido en el penal de Barbadillo eran homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Y el hecho de que el expresidente haya recobrado su libertad sobre la base de un indulto humanitario no borra el hecho de que fue sentenciado en sede judicial. Por lo que las ediciones de la legisladora Moyano parecen hechas a la medida del líder histórico de su partido.

Peor fueron las explicaciones que dieron los fujimoristas para justificar que unos delitos quedaran afuera de la reforma, mientras que otros se mantuvieran. Allí está la parlamentaria Patricia Juárez que, luego de explicar que no resultaba factible incorporar todo el Código Penal a las restricciones, remató afirmando que era razonable incluir solo aquellos delitos que “atentan contra el orden democrático”.

La izquierda, por su parte, ha demostrado en los hechos que sus conversaciones con Antauro Humala, probado asesino de policías en Andahuaylas en el 2005, para una posible alianza electoral son algo más que mera retórica. En conversación con este Diario, por ejemplo, el legislador Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, afirmó que no apoyaría jamás “normas arbitrarias que busquen limitar el derecho de la ciudadanía y de las mayorías a elegir en libertad”. Una fórmula nada discreta de justificar su posible pacto con quien en el pasado se rebeló contra un gobierno impopular, pero democrático.

Su colega de bancada, Víctor Cutipa, también se mostró en contra de la propuesta, señalando que esta debía hacerse “a través de una asamblea constituyente”. Una manera de decir que no se vote nunca.

Por lo pronto, la propuesta ha regresado a la Comisión de Constitución, pero, si consideramos que necesita ser aprobada en dos legislaturas distintas con 87 votos y que quedan menos de dos años para las próximas elecciones, es muy poco probable que la enmienda esté vigente cuando nos toque volver a las urnas.

Se habrá perdido así la posibilidad de alejar a los malos elementos de las listas –algo que claramente los partidos no están interesados en hacer por sí mismos– y en el camino se habrá comprometido la imagen de una reforma necesaria para el país.