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Si alguien tuviese la ingrata tarea de escudriñar las causas de la baja aprobación del Congreso actual, en algún momento se toparía con el innecesario y abusivo uso que en cierto momento se le dio a las figuras de interpelación y censura de ministros. Se recuerdan con sinsabor, por ejemplo, los procesos de censura a los titulares de Educación del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Jaime Saavedra y Marilú Martens, amparados en argumentos de poco fondo y mucho tinte político. La frase “ahora saben con quién se meten”, tomada del chat fujimorista “Mototaxi” y expresada por la congresista Cecilia Chacón luego de la interpelación a Saavedra, recoge bien el espíritu de aquel momento.
A pesar de las posteriores alusiones a una vocación de enmienda que siguieron desde entonces en la bancada opositora, parte del Legislativo parece querer insistir en las prácticas que tan poco rédito político les granjeó en el pasado. Así, el jueves de la semana anterior el pleno del Congreso aprobó admitir a trámite la moción para interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, para que aclare los términos del acuerdo de colaboración que suscribieron la Procuraduría, el Ministerio Público y Odebrecht.
Como se sabe, hace un mes los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto con los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, oficializaron el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña en Sao Paulo. Este permite el interrogatorio de ex altos funcionarios de la empresa y abriría paso a información sobre posibles crímenes que hasta ahora se desconocen.
El rol que debe cumplir el Congreso frente a una operación del sistema de justicia que le es funcionalmente ajena difícilmente es el de interpelar a un ministro de Justicia que, dicho sea de paso, tampoco tiene injerencia directa en el asunto. Los procuradores que participaron en la elaboración del acuerdo trabajan con autonomía y sería, más bien, causal de interpelación y censura que el ministro de Justicia sí intervenga en estos menesteres. Los términos del acuerdo le competen al procurador a cargo, los fiscales, la compañía involucrada y al juez que ratifica la legalidad de los términos. A nadie más.
Si a algunos parlamentarios les quedasen dudas sobre los alcances del acuerdo firmado –lo cual es perfectamente legítimo– que pudiesen ser resueltas por el ministro Zeballos, no es práctica inusual invitar a algún miembro del Gabinete a explicar su posición en la comisión respectiva del Congreso. Asuntos políticamente más sensibles pueden ser incluso ventilados mediante una invitación a exponer en el pleno. Sin embargo, la figura de la interpelación –máxime con los argumentos de la congresista impulsora Yeni Vilcatoma, quien, entre otras alocuciones de similar tenor, afirmó respecto del acuerdo que este se debe a que “el dinero está corriendo”– cae fuera de foco. Las interpelaciones a ministros son, por supuesto, plena facultad del Congreso cuando este lo estime conveniente, pero la atribución debe ser utilizada con prudencia y tino.
No obstante, aquello no se trata únicamente de un trance descaminado e inconsecuente. La utilización política del acuerdo con Odebrecht pone en serio peligro los resultados del mismo. Después de todo, ¿qué colaborador eficaz estará dispuesto a cumplir con la entrega de información si su contraparte, el Estado Peruano, no puede garantizar la estabilidad de los términos pactados?
Luego de un forzado receso por la propia coyuntura política que ayudaron a causar, parte del Congreso parece querer retomar, una vez más, prácticas que exigen una confrontación innecesaria con el Ejecutivo. Los costos de dicha irresponsabilidad política para el país pueden ser muy altos.
