Una Feliz Navidad para los infractores

Esta semana, el Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto que propone amnistiar a los transportistas del servicio público terrestre y de pasajeros en vehículos menores por las infracciones que cometieron durante el estado de emergencia decretado por la pandemia del COVID-19. La medida, que incluye las transgresiones cometidas desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo último, había sido planteada por el gobierno de Pedro Castillo en abril de este año.

La norma superó su primer obstáculo en el Legislativo gracias a los votos de bancadas como Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular y el Bloque Magisterial. Una muestra surtida de agrupaciones que incluyen a la derecha, el centro y la izquierda del espectro político, todas reunidas para premiar la informalidad y abonar a la precariedad de nuestro sistema de transportes. El resultado, además, supone una nueva coincidencia entre el Parlamento y el extinto régimen castillista. Este último, como se recuerda, había anunciado amnistías similares desde la campaña e incluso estas fueron materia de un acuerdo alcanzado entre el exministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, y grupos de transportistas.

En los últimos dos años, más de 5.000 personas han muerto en las vías de nuestro país en accidentes de tránsito y otras 88 mil han resultado heridas, a pesar del estado de emergencia por la pandemia. Millones más, además, padecemos día a día el caos y el desorden que caracterizan al tráfico de nuestras ciudades más grandes. En muchos de estos casos, los culpables de esta situación terminan siendo la informalidad, la imprudencia y la incapacidad del Estado para sancionar y evitar las dos anteriores.

En general, la relación entre los infractores y las papeletas en nuestro país siempre ha sido problemática. En más de una oportunidad, desde este Diario nos hemos referido no solo a los vehículos de transporte público cuyos antecedentes parecen álbumes de multas de toda índole, sin que ello suponga que se sancione como se debe a los choferes o que se retengan sus autos en los depósitos, sino también a las herramientas legales que conductores y dueños de los vehículos suelen utilizar para evitar pagar la totalidad de las sanciones que se les imponen. Por la manera en la que nuestro sistema está construido, a los transgresores les sobran espacios para procurarse impunidad y para seguir rompiendo la ley.

En este contexto, acciones como la del Congreso, con las que se avalan nuevas maneras para salvar a los conductores de las infracciones graves que han cometido, suponen una manera poco embozada de consentimiento y tibieza frente a este tipo de comportamientos. Para los conductores, por ejemplo, quedará como lección que lo que se obtuvo una vez puede volver a obtenerse si se insiste y se presiona lo suficiente y si algo saben hacer los choferes de transporte informal es precisamente ejercer presión para sus intereses. No hay que ser clarividentes para asegurar que nuevas amnistías vendrán en el futuro.

La excusa de la pandemia, por otro lado, resulta tan ociosa como ofensiva, toda vez que no existe una relación causa-efecto entre esta y las infracciones cometidas. En todo caso, si la preocupación de los parlamentarios es el alivio a las finanzas de los conductores, habría que recordarles a estos últimos que la mejor manera de evitar deudas por infracciones de tránsito es no cometiéndolas desde un inicio.

No es la primera vez que este Congreso le da la espalda al transporte en nuestro país y, con ello, a las vidas que se pierden producto de siniestros en nuestras pistas. Parece evidente que los intereses particulares de los gremios de transportistas informales calan profundo entre nuestros parlamentarios que han decidido que esta Navidad era una oportunidad de oro para hacerles un atractivo regalo a costa del bienestar del resto de peatones y conductores peruanos.