Un mensaje colocado por el expresidente Martín Vizcarra en su cuenta de Twitter produjo el sábado pasado indignación ciudadana y desató un temporal político. En él, el vacado mandatario anunciaba que ese día había recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y agradecía a la Municipalidad de San Isidro y a Essalud “por llevar una vacunación ordenada y eficiente”. El texto iba acompañado, además, por una fotografía en la que Vizcarra posaba rodeado del personal de salud que trabaja en el local de vacunación y exhibiendo satisfecho el documento que daba fe de la inmunización.
¿Qué fue lo que motivó la áspera reacción a la que aludíamos antes? Muy sencillo: como todo el país recuerda, cuando era todavía jefe del Estado, el exgobernador regional de Moquegua aprovechó las ventajas de su posición para hacerse vacunar irregularmente con dosis tomadas del lote de Sinopharm destinadas al personal médico a cargo del estudio clínico de la Universidad Cayetano Heredia. No fue el único. Otras más de 470 personas obtuvieron también de manera furtiva ese mismo beneficio, pero a él lo ocurrido le acarreó una acusación constitucional del Congreso y una inhabilitación en el ejercicio de la función pública que le ha impedido incorporarse a la representación nacional que se estrena este 28 de julio.
No fue ese, sin embargo, el único ingrediente de la desazón pública. La circunstancia de que el episodio fuese protagonizado por la persona a la que debemos en general la penosa gestión de la lucha contra la pandemia cuyas consecuencias todavía estamos pagando y en particular, la absurda demora en la adquisición de vacunas por parte del Estado Peruano añadió sin duda irritación a la irritación: el responsable de la incompetencia que tanto daño nos ha hecho se había colocado una dosis de la vacuna que ya no necesitaba, en lugar de dejar que otro peruano la aprovechase.
La noticia, como indicábamos antes, ha tenido también una consecuencia política. En el Congreso ya se recolectan firmas para una posible interpelación a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para que explique cómo así no se retiró a tiempo ni al expresidente ni a ninguno de los otros inmunizados irregularmente del padrón de los ciudadanos con derecho a ser vacunados con las dosis que empezaron a llegar en los últimos meses. De manera muy tardía, el titular de Salud, Óscar Ugarte, salió recién ayer a anunciar que se le había dado a Reniec la orden de hacerlo… Sin hacer, además, la salvedad de que aquellas personas que no habían recibido la vacuna completa de Sinopharm –como la excanciller Elizabeth Astete– no deberían ser removidas de la lista.
No es la primera vez, por otro lado, que Ugarte se conduce con ligereza a propósito de problemas relacionados con los órdenes de preeminencia en el proceso de inmunización. Cuando se habló de la posibilidad de que los miembros de la selección nacional de fútbol recibieran el suero contra el COVID-19 antes de lo que les correspondía por edad, hubo también de su parte marchas y contramarchas de las que no salió indemne. Una lástima, porque se trata de nubarrones que ensombrecen absurdamente una campaña que la actual administración viene llevando adelante con decoro y regular eficiencia.
De todas las estampas de torpeza e indolencia asociadas a la circunstancia que comentamos, no obstante, ninguna es tan sublevante como la del taimado expresidente obteniendo un nuevo beneficio indebido y exhibiéndolo con descaro. O, lo que es lo mismo, sin vergüenza y sin rubor.
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