Editorial: Seguridad no certificada

La tragedia de la muerte de cuatro personas en un incendio en el cine UVK de Larcomar ha puesto en el centro del debate el tema de la seguridad en defensa civil.

No han sido pocas las voces que, en este contexto, han cuestionado que en el 2014 se haya dispuesto que los certificados de defensa civil tuvieran vigencia indeterminada y hasta han culpado a esta simplificación administrativa de los sucesos en Larcomar. Ayer, en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, se propuso volver al escenario anterior, que exigía a todo dueño de un local tramitar cada dos años la renovación del certificado, el cual solo se entregaría luego de aprobar una inspección por parte de la municipalidad distrital. 

Valgan verdades, sin embargo, la renovación periódica de dicho documento no era una real garantía de seguridad. Lo que solía suceder, como han reconocido varios especialistas, era que las personas y empresas solo se preparaban para la inspección. Es decir, cumplían con ciertos estándares de seguridad “para la foto” y estos, luego, eran olvidados durante dos años hasta la próxima renovación. Ni qué decir de las empresas informales a las que no les preocupaba obtener certificado alguno… 

Esto se veía agravado por la dejadez de las entidades competentes que, a pesar de tener potestades para realizar visitas de supervisión sin previo aviso y sancionar a quienes hubieran realizado modificaciones esenciales en sus locales sin haber solicitado una nueva inspección y certificación, sencillamente dejaron de hacerlo.

El caso de UVK ejemplifica la situación perfectamente. Dicho negocio obtuvo su certificado de defensa civil y sus respectivas renovaciones cada dos años desde 1998, y desde agosto de este año tramitaba una más ante la Municipalidad de Miraflores. El alcalde Jorge Muñoz ha reconocido la demora en procesar el pedido del cine y realizar la inspección respectiva, a la par que ha cuestionado cambios no autorizados en el local de UVK. Aun así, se produjo el desenlace fatal. En otras palabras, la certificación no aseguraba nada y si el incendio hubiese ocurrido en julio –cuando el certificado estaba vigente–, probablemente el resultado hubiera sido el mismo. 

En buena cuenta, la obtención del certificado de inspección en seguridad y su renovación periódica se habían convertido, en la práctica, en un mero formalismo que los establecimientos cumplían sin realmente entender su importancia. Por su parte, para las entidades municipales se trataba de una carga, una lista de requisitos formales por verificar solo cuando se lo pedían, y con bastante retraso.

La exigencia de la renovación periódica, además, suponía la renuncia de las entidades públicas a su rol fiscalizador. Cada vez menos los municipios se preocupaban por hacer inspecciones intempestivas, puesto que eran los ciudadanos los que tenían que tocarles la puerta para requerírselas, en una fecha programada y previo pago de una tasa administrativa. Por esta razón es que la ley dispone como regla general que las autorizaciones y permisos tengan vigencia indeterminada y solo excepcionalmente se les pueda fijar un límite temporal.

En lugar de regresar a un sistema de renovación periódica, una solución más efectiva pasa por hacer que los responsables de los locales enfrenten el riesgo de una fuerte indemnización por los accidentes ocurridos si no tomaran las precauciones necesarias, o una multa significativa e incluso el cierre del establecimiento si se verificara, a través de inspecciones sorpresivas, que incumplen las condiciones de seguridad requeridas. De esta forma, es probable que empresarios y ciudadanos en general empiecen a entender la seguridad como algo más que un mero formalismo, como una necesidad permanente.