Editorial: Sin relevo

El último fin de semana, durante una actividad partidaria, el presidente boliviano, Evo Morales, desafió las reglas constitucionales del país que dirige al proclamar sus intenciones de presentarse a una tercera reelección en el 2019. “Si el pueblo dice que sí, Evo seguirá con el pueblo para seguir garantizando esta revolución democrática cultural”, expresó. Así, Morales –en el poder desde el 2006– no solo reveló su desdén hacia la Constitución que él mismo promulgó en el 2009, sino también su menosprecio a la voluntad de millones de bolivianos que, en el referéndum de inicios de año, le negaron la posibilidad de gobernar por cuarta vez consecutiva.

Como se recuerda, ya en el 2013, cuando Evo Morales acumulaba dos mandatos consecutivos, su partido, el Movimiento al Socialismo o MAS, utilizó una artimaña legal para conseguir la tercera postulación presidencial del ex líder cocalero. En un estilo evocatorio al que utilizó el fujimorismo en 1996 para procurar la re-reelección de Alberto Fujimori, se arguyó que, pese a que la Constitución solo permitía dos períodos presidenciales consecutivos, el primer período no debía ser contabilizado, pues este se había iniciado tres años antes de que entrara en vigencia el nuevo texto constitucional.

Posteriormente, el 21 de febrero pasado, el gobierno boliviano convocó sin empacho a un referéndum para habilitar a Morales a tentar la presidencia por cuarta vez. “Respetamos los resultados, sea el No o el Sí, siempre [los] hemos respetado. Esa es la democracia”, anunció Morales antes de que se conociera la victoria del No con el 51,3% de votos. Y ahora sabemos que, en realidad, su voluntad era respetar los resultados “siempre” que les resultaran favorables.

Obstruido entonces el cauce constitucional y sin el apoyo popular tras la derrota en el plebiscito, el MAS se encuentra barajando alternativas para forzar una nueva postulación de su líder en el 2019. 

La primera se basa en recoger el 20% de firmas del padrón electoral para convocar un nuevo referéndum, ignorando insólitamente los resultados adversos para sus intereses del celebrado en febrero. La segunda propuesta involucra una reforma de la Constitución con la anuencia de dos tercios de la Asamblea Legislativa, hoy en manos del oficialismo, para introducir la célebre figura de la ‘reelección indefinida’, patentada en esta parte del continente por los autodenominados ‘gobiernos bolivarianos’.

La tercera opción trasciende la desfachatez al contemplar la renuncia de Evo Morales a la presidencia a seis meses de que expire su mandato (con lo que, suponen sus seguidores, su postulación no calificaría como un emprendimiento reeleccionista) y, finalmente, la cuarta consiste en pedirle al Tribunal Constitucional Plurinacional que priorice un supuesto ‘derecho’ de los bolivianos a elegir a sus autoridades aun si eso supone pisotear la Carta Magna. 

Este tipo de argucias legales ha sido, pues, la herramienta favorita usada por los autócratas de la región para perpetuarse en el poder, rompiendo los candados constitucionales que, paradójicamente, ellos mismos instalaron. Presidentes como Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Rafael Correa, entre otros, manipularon las disposiciones constitucionales de sus países o las interpretaron a su antojo con la única finalidad de prolongar sus mandatos.

Y es que las últimas declaraciones de Evo Morales sirven para repasar una historia que se ha repetido constantemente en la región donde, independientemente del traje ideológico del régimen de turno, la relación entre gobernantes y Constitución siempre ha fluido en dos direcciones: una en la que los primeros se subordinan a los designios del pueblo establecidos en la Carta Magna (conocida como democracia), y otra en la que los roles se subvierten y aquellos pasan a doblegar a esta (llamada autocracia). En Bolivia, claramente, ocurre lo segundo.