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Durante el debate presidencial previo a la primera vuelta de las elecciones del año pasado, la entonces candidata de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori firmó una serie de compromisos que querían ser una garantía de que su eventual llegada al poder no significaría un riesgo para el Estado de derecho en el país. Entre ellos, destacaba uno que ha cobrado singular vigencia en las últimas semanas, a raíz de las iniciativas efectivamente existentes o rumoreadas para cambiar la situación carcelaria de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori.
El compromiso en cuestión decía a la letra: “No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia”. Y ha sido recordado en estos días tanto por el secretario general de FP, José Chlimper (en su cuenta de Twitter), como por la propia señora Fujimori (en un video divulgado a través de las redes), en el contexto de las explicaciones que se han sentido tentados a dar sobre las razones que llevaron a la representación parlamentaria naranja a votar en contra del proyecto del congresista Vieira –que buscaba ofrecer a los reos con más de 75 años y problemas de salud la posibilidad de cumplir su condena en casa– en la Comisión de Justicia, determinando así su archivamiento.
Como se sabe, el argumento central del fujimorismo para oponerse a la referida iniciativa es que esta, al haber estado motivada específicamente por la actual circunstancia del ex presidente, tenía “nombre propio” y, en esa medida, colisionaba con el espíritu del compromiso adquirido. Y, en esencia, tienen razón.
El problema, sin embargo, es que la alternativa a esa frustrada opción planteada por la lideresa de FP a través del mencionado mensaje en las redes –presentar un nuevo hábeas corpus para conseguir la excarcelación de su padre– supone también un incumplimiento de la promesa de no utilizar el poder político para beneficiar a su padre. Veamos cómo.
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En primer lugar, hay que señalar que este anuncio se produce solo días después de que su hermano Kenji reclamara públicamente que FP –es decir, el partido y no la familia– asumiese “de manera más activa la lucha para lograr la libertad de Alberto Fujimori”. Y la impresión de que esto constituye una respuesta a su demanda, en medio de la confrontación interna que ellos protagonizan, es insoslayable.
En segundo lugar, la señora Fujimori ha señalado que ha bautizado este recurso como ‘el hábeas corpus de la libertad’, lo que tiene un claro sabor de campaña. ¿O es habitual que los hábeas corpus tengan un apelativo particular?
En tercer lugar, ha aseverado “yo misma firmaré” el recurso: un gesto que contrasta con el espíritu familiar que caracterizó todas las otras iniciativas legales de este corte y le imprime a esta un sello que evoca antes su condición de presidenta del partido mayoritario en el Congreso que la de hija del reo cuya situación se busca cambiar.
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Por último, la señora ha declarado que el ex mandatario –al que alude como “uno de los hombres que lideró con éxito una de las etapas más difíciles de la historia del país” y sin recordar esta vez ninguno de los ‘errores’ frente a los que suele tomar distancia– no está solo, y ha agregado: “Somos una gran mayoría de peruanos [los] que queremos verlo libre”, lo que da al cambio de la situación penal de su padre un carácter plebiscitario que no tiene. Los fallos judiciales, como se sabe, no se adoptan tumultuosamente en las calles, sino en los tribunales y con arreglo a lo que las leyes del país disponen. Y lo mismo vale para los pedidos de revisión de esos fallos.
Lo demás, luce como un intento de la lideresa de FP de hacer exactamente lo que prometió que no haría: utilizar su poder político para beneficiar a un familiar.
