Editorial: Sin Pum Callao

“El modo correcto no es siempre el más popular ni el más simple. Defender lo que está bien aunque sea impopular es el verdadero examen de carácter moral de la nación”. Con estas palabras Margaret Chase Smith, la primera mujer en ser elegida miembro de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, alertaba sobre los peligros de recortar libertades básicas de los individuos para alcanzar otros objetivos.

Resulta tentador en muchas circunstancias tomar atajos institucionales que nos permitan afrontar los peligros que las democracias eventualmente deben encarar. Hoy, por ejemplo, Europa y Estados Unidos debaten los límites a la privacidad y tránsito que les facilitarían evitar nuevos ataques contra sus ciudadanos, en tanto que hace algunas décadas el Perú optó por crear tribunales con jueces sin rostro para casos de terrorismo.

Si bien la democracia tiene derecho a defenderse con todas las herramientas legales que el Estado de derecho pone a su disposición, debe a la vez hacerse todo lo posible para que ello no implique una reducción de las libertades personales ni de los derechos básicos de los que toda persona dispone.

Esta reflexión se hace pertinente tres días luego de que el presidente Ollanta Humala haya declarado al Callao en estado de emergencia por un mes y medio. Según el ordenamiento legal, ello implica que las fuerzas del orden pueden detener a cualquier ciudadano sin flagrancia ni orden judicial, que las acciones de hábeas corpus presentadas resultarán improcedentes, que la policía puede ingresar a los domicilios sin autorización del juez, y que se suspenden las libertades de reunión y tránsito.

Según el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, la policía va a “guardar hasta el más mínimo respeto a la intimidad de la gente, pero, cuando tengamos la sospecha de que están reunidos delincuentes [en un inmueble] o están guardando armas, ya no tendremos la necesidad de pedir al juez que nos dé una orden para ingresar”. 

Es cierto que el rápido deterioro de la seguridad ciudadana es un asunto apremiante que merece medidas urgentes. Es cierto, también, que el Callao presenta índices de violencia especialmente preocupantes. Pero nada de ello implica necesariamente que recurrir a regímenes de excepción sea la mejor alternativa.

En primer lugar porque su utilidad es limitada. En la medida en que se trata de un ejercicio que durará apenas unas semanas y que no obedece a un plan de acción viable para capturar a los “peces gordos”, no queda claro su impacto en la seguridad ciudadana en el largo plazo. Según informes periodísticos, entre los 40 capturados durante este fin de semana en el Callao se encuentran varios microcomercializadores de droga y delincuentes comunes como Aldair Medina, acusado de robar un celular.

En segundo lugar, el estado de emergencia no solo coarta la libertad de los criminales, sino también la de los ciudadanos inocentes. Abre camino fácil para el abuso policial y deja a las familias indefensas ante cualquier atropello de las fuerzas del orden. Los regímenes como el estado de emergencia son un recurso válido dentro del Estado de derecho, pero justamente debido a su efecto negativo sobre los derechos ciudadanos es que deben ser usados en casos excepcionales, como su nombre apropiadamente apunta. Así, aun en un contexto de avance del crimen en el primer puerto del Perú, no es obvio que su situación haya sido de mayor emergencia de lo que fue hace un mes o será en unas semanas. Más bien, se trata de un problema estructural.

Y es eso precisamente lo que, en tercer lugar, pone en cuestión la pertinencia de la medida. Al habilitar esta suerte de atajo constitucional para luchar contra la delincuencia se hace más fácil poner de lado las reformas que sí tienen un impacto en el mediano plazo. El fortalecimiento del trabajo de inteligencia para capturar y desarticular bandas criminales usando evidencia adecuada; la coordinación expeditiva entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial; la capacitación y el correcto equipamiento de los que patrullan las calles; todas medidas más indispensables, efectivas, pero también más difíciles de implementar que la declaratoria del estado de emergencia. 

No le faltaba razón a la señora Chase Smith cuando hacia el final del mismo discurso señalaba: “Nuestras libertades hoy no están tanto en riesgo porque haya gente que conscientemente quiere quitárnoslas, sino porque a veces olvidamos cómo usarlas”.