Editorial: Propuestas múltiples, intereses únicos

Los sistemas de pensiones están vigentes desde que a mediados del siglo XVII, Ernesto I, duque de Sajonia y Gotha (hoy Alemania), preocupado por el destino de las viudas del clero, introdujo el concepto. Desde entonces la idea del ahorro forzoso para la vejez ha ganado presencia en el mundo y se ha adaptado de manera constante y progresiva a diferentes países y realidades.

El proceso de reformas sobre un tema tan básico como el ahorro previsional continúa vigente, y el Perú no es la excepción. Como hemos mencionado en estas páginas la semana pasada, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) abrió sin querer la caja de Pandora luego de la fallida presentación de las nuevas tablas de mortalidad. Si bien el contexto electoral –con su carga demagógica– puede no ser el escenario ideal para tomar decisiones con el potencial para movilizar los miles de millones de soles que los trabajadores peruanos han ahorrado a lo largo de sus vidas laborales, la discusión abierta no debe ser rehuida.

Esta semana se han escuchado diversas propuestas para la mejora del sistema previsional privado –hoy manejado de forma exclusiva por las AFP–, y también críticas a estas iniciativas. Por su parte, el Partido Aprista, en su cuestionado plan de gobierno, ha planteado el uso de un porcentaje del fondo de pensiones para la cuota inicial o adquisición de una vivienda. La propuesta a primera vista parece razonable. Después de todo, si existe capital disponible, puede ser mucho más conveniente comprar un inmueble dónde vivir usando el fondo ahorrado que pagar un alquiler mes a mes con las pensiones recibidas.

Existen, no obstante, problemas prácticos y de fondo con esta iniciativa. Entre los primeros se cuentan, por ejemplo, la posibilidad –o imposibilidad– de que el jubilado venda al cabo de poco tiempo el inmueble para disponer de efectivo. ¿Habría entonces que prohibir la venta de viviendas adquiridas con estos fondos? Otra preocupación es que la persona no sea capaz de cumplir con las cuotas hipotecarias. ¿Se embargaría entonces la propiedad adquirida? El problema de fondo es que al tratar de limitar la manera en que los jubilados usan los ahorros que les pertenecen se crean distorsiones y regulaciones absurdas.

Pero hay otras propuestas que pueden ser más interesantes poner en debate. Una es la iniciativa del Congreso para liberar la mayor parte de los aportes. De hecho, en la medida en que la principal justificación para impedir que los jubilados dispongan de la mayoría de su fondo es que estos son incapaces de disponer de su patrimonio, los detractores se revelan afines al paternalismo que insiste en que la burocracia nos debe cortar libertades para cuidarnos de nuestros propios errores.

Otra sugerencia interesante ha sido la que apunta a aumentar la competencia en el sector. Credicorp, por ejemplo, propuso que cajas y bancos puedan participar, en conjunto con las AFP, de la administración de los fondos de pensiones. La idea es que mientras más empresas compitan por captar los ahorros de los trabajadores, las opciones para los afiliados deberían incrementarse, y, al mismo tiempo, las comisiones deberían caer.

Previsiblemente, hay varios que se han opuesto a estas reformas. Entre los principales críticos se hallan representantes de instituciones que tienen mucho que perder con los cambios discutidos (por ejemplo, las compañías de seguros). El asunto medular que muchas veces se olvida en estos contextos es que los únicos que deberían resultar necesariamente beneficiados con cualquier propuesta que se ponga en práctica son los afiliados. Ellos son los propietarios del fondo acumulado y la razón de ser del sistema. Si se les otorga mayor libertad para disponer de sus ahorros, dependerá de las compañías de seguros ofrecer un producto suficientemente bueno para que los afiliados quieran voluntariamente contratarlo luego de su jubilación, y de las AFP y su eventual competencia bancaria lograr comisiones y rentabilidades suficientes para hacer atractivos sus servicios. La base de las reformas del sistema son los intereses de los afiliados y de nadie más.