Editorial: Los primeros auxilios del presidente

El presidente Humala  se ha referido, en una entrevista dada este domingo, a la inversión privada y al rol promotor que habría tenido el gobierno sobre ella. Al respecto, el presidente señaló que “el sector privado [...] debería apostar por el país. No solo en los momentos que la tienen fácil, sino ahora también, porque es parte de construir país. Lo que pasa es que muchos no quieren asumir riesgos”. Acto seguido, como para que no queden dudas de su labor, el mandatario apuntó que “este gobierno un poco más y les va a dar respiración boca a boca. Porque así estamos dándole de aliento a la inversión privada”.

Oyendo al presidente quedaría la impresión de que no hay más inversión en el Perú porque los empresarios no tienen interés en aprovechar las magníficas oportunidades de negocio que con su acción este gobierno ha creado. Esta descripción, sin embargo, dista mucho de la realidad. Si bien es verdad que ha habido mejoras en temas concretos, como la penetración de las asociaciones público-privadas (APP) y la expansión del mecanismo de obras por impuestos, lo cierto es que el gobierno nacionalista ha puesto mucho más trabas a la inversión privada de las que ha levantado.

En materia laboral, por ejemplo, desde el comienzo del gobierno han sido varias las medidas que han hecho aún más difícil la formalidad para una economía en la que más de dos tercios de los trabajadores están contratados fuera de esta. Así, por ejemplo, la creación de la Sunafil y la implementación, en varios puntos, de la absurda Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo hicieron aún más costoso y riesgoso para los empleadores formales cumplir con una regulación que ya era de las más rígidas del subcontinente (y del mundo, si uno considera temas como la facilidad para la contratación y despido).

Respecto a las industrias extractivas, que han sido el motor de la economía durante la última década, disposiciones tributarias y regulatorias de este gobierno han contribuido a ahogar un flujo de inversiones ya golpeado por el precio de los minerales y los conflictos sociales. Así, la introducción de la regalía minera modificada, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, además de los niveles de discrecionalidad del novel Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el oneroso aporte por regulación que este demanda explican parte de los miles de millones de dólares perdidos en inversión privada minera. Para no hablar de las notables sacadas de cuerpo que el gobierno tuvo a proyectos que tenían todos sus permisos en orden en Conga, Cañariaco, Espinar o Tía María. 

La inversión petrolera, por su parte, ha sido desalentada con la siempre poco predecible aplicación de una auténtica telaraña de regulaciones que han llevado a que nuestra producción caiga a su nivel más bajo en 45 años mientras, con los mismos precios internacionales, la producción colombiana se ha expandido sin cesar (y mientras el gobierno iba para adelante con el surrealista proyecto de la refinería de Talara). Por lo visto, las malas políticas pueden ser más dañinas que las guerrillas.

Por otra parte, y ya que hablábamos de medidas tributarias, también hubo algunas de aplicación más general que las antes mencionadas. Por ejemplo, la ley antielusión, promovida por el Ejecutivo en el 2012, dio poderes a la Sunat para establecer, a su discreción, cuándo una empresa está evitando el pago de impuestos sin violar las leyes y qué acciones “artificiosas” deben ser gravadas, lo que aumenta la inseguridad jurídica. El presidente da como ejemplo máximo de su apoyo a la inversión la reducción del impuesto a la renta a las empresas; pero no dice que la disminución vino de la mano con un aumento de la tasa de dividendos que hizo que la tasa efectiva total se mantuviese igual.

Asimismo, las señales políticas dadas a la inversión en varios momentos del gobierno no pudieron ser peores. Como cuando, por los tiempos en que Petrobras aún era profusamente citada como un “ejemplo” a seguir, el presidente se empecinó en revivir las grandes empresas estatales y quiso, por solo citar un ejemplo, que nuestro Estado se metiese a comprar una cadena de grifos.

Los ejemplos, en fin, abundan. Pero tal vez un buen resumen de ellos sea que durante su gobierno el Perú ha caído 26 puestos en el primer pilar del ránking del Foro Económico Mundial, el mismo que evalúa el impacto de las instituciones en la competitividad de los países e incluye temas como la eficiencia del gobierno y la protección a los inversionistas. Esto, en solo 4 años.