Decir que los políticos tienden a acomodar sus discursos dependiendo del auditorio que tienen al frente no es algo novedoso. Dos ejemplos recientes en el Perú son las intervenciones que las excandidatas presidenciales Keiko Fujimori y Verónika Mendoza protagonizaron en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hace un tiempo atrás.
Así, mientras que la primera sorprendió a propios y extraños al hilvanar en su alocución un reconocimiento al trabajo de la CVR, una crítica al gobierno de su padre y un endose a la unión civil (solo para volver sobre sus pasos poco después), la segunda, por su parte, afirmó en el mismo foro que “siempre hemos sido absolutamente claros en deslindar […] con todo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en Venezuela; algo que en ese momento no solo era groseramente falso, sino que no pareció moverla en lo más mínimo cuando decidió arropar a algunos extraviados adeptos del chavismo bajo su candidatura en su última aventura electoral.
Para ser honestos, pues, la coherencia y la claridad no son características de los políticos (no solo en nuestro país, por supuesto). Sin embargo, si bien esta veleidad en aspirantes presidenciales puede servir para remarcar lo feble de sus convicciones y el oportunismo de sus mensajes, sí se convierte en un grave problema cuando el protagonista no es otro que quien ostenta la jefatura del Estado y, en ese sentido, a sus declaraciones pueden seguirles acciones concretas que impacten en la ciudadanía.
Lo anterior viene a cuento a raíz de la exposición del presidente Pedro Castillo esta semana durante CADE Ejecutivos. En su mensaje, el mandatario volvió a parecerse más al que vimos en su gira internacional por Estados Unidos y México, y menos al que compareció hace apenas algunas semanas ante un grupo de simpatizantes en Bagua y Ayacucho.
“Hoy vuelvo a ratificar: los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. […] En el país existen y seguirán existiendo seguridad jurídica y reglas claras; por eso hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro de que son la mayoría, a que sigan apostando por el país, que inviertan sin temores”, afirmó el presidente en el evento empresarial.
Llama la atención que quien pronunciara estas palabras fuera la misma persona que, a su vez, conminaba al Congreso el mes pasado desde Amazonas “para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea” o que apenas la semana pasada, en Ayacucho, afirmaba que “la asamblea nacional constituyente” es “un grito popular”. Como es evidente, invitar a los empresarios a invertir “sin temores” mientras se esbozan amenazas de expropiaciones o nacionalizaciones, o asegurar que seguirá habiendo estabilidad jurídica mientras se pone sobre la mesa la propuesta de una asamblea constituyente es como tratar de mirar a ambos lados al mismo tiempo.
A su vez, estas últimas declaraciones parecían contradecir a las que el mandatario había expresado previamente durante su discurso en la OEA (“nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones; por el contrario, a llamar a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú”) y frente a la Cámara de Comercio de Estados Unidos (“el Perú tiene plena apertura para atraer inversiones”).
La pregunta, por supuesto, es a qué Castillo habría que tomar en serio. O si tenemos que aceptar que sus posiciones sobre temas nada fútiles dependerán de cómo se haya levantado ese día, de frente a quiénes hablará, de cómo está el clima o de cualquier otro factor.
De más está decir que, con este tipo de mudanzas en su discurso, lo único que hace el mandatario es alimentar la incertidumbre respecto de su gobierno y dispersar aún más el recelo entre la ciudadanía que, a más de tres meses de iniciado el mandato, todavía no tiene claro a cuál de los dos maestros debe tomarle la palabra.
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