Ayer, casi tres horas después de lo anunciado inicialmente, juró el Gabinete liderado por el congresista Héctor Valer. Como ya ha demostrado el presidente Pedro Castillo en apenas seis meses, este remozado equipo confirma que siempre se puede agravar una crisis y que, con prescindencia de los ministros que se enfunden o se remuevan el fajín, el denominador común parece ser el que vimos desde el inicio de esta administración; este es, el de arrastrar antecedentes penales o cuestionamientos éticos, cuando no ambos a la vez.
El encargado de liderar el flamante Consejo de Ministros, como ya mencionamos, es el legislador Héctor Valer, que llegó al Parlamento de la mano del partido Renovación Popular, para de allí mudarse a Somos Perú-Partido Morado y, de allí, a la bancada Perú Democrático… todo en un semestre. Valer, como se sabe, no ha ocultado su simpatía por convocar una asamblea constituyente y fue investigado en la Comisión de Ética Parlamentaria por espetarle al legislador Héctor Ventura durante una sesión de la Comisión Agraria “que se ponga una falda” luego de que este último intercediera por la parlamentaria Vivian Olivos.
Por su parte, la nueva ministra de la Mujer, la parlamentaria y docente Katy Ugarte, ha declarado en una entrevista en RPP durante la última campaña electoral su postura crítica contra el enfoque de género en el currículo escolar. “Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro, el núcleo familiar no se debe perder de ese punto de vista” y “no tenemos por qué a los niños llevarlos por otra situación donde se pierda ese valor familiar”, fueron algunas de sus declaraciones, marcando, desde el saque, una clara distancia sobre la gestión y el discurso de su predecesora.
En la misma entrevista, Ugarte –que, para más luces, fue declarada reo contumaz en setiembre del año pasado por no acudir a una audiencia en un proceso por difamación– cuestionó a la Sunedu por “tener preferencias [hacia] ciertas personas o ‘lobbismos’” y afirmó que la institución necesitaba una “autonomía, pero real”.
Pero Ugarte no es la única integrante del Gabinete con cuestionamientos legales. Tal y como denunció este Diario ayer, el nuevo titular del Interior, el policía en retiro Alfonso Chávarry Estrada, tiene una sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por delitos tan sugerentes como tráfico ilícito de drogas y contra la administración pública. Chávarry, que es natural de Cajamarca, como el presidente, y al que algunas fuentes ubican como cercano a su antecesor Luis Barranzuela, ha sido, además, el nombre que propició la caída del Gabinete liderado por Mirtha Vásquez, según ha reconocido ella misma dos noches atrás en una entrevista en RPP. “Tenía algunos antecedentes [y no era] una persona que, por lo menos, representaba una figura lo suficientemente sólida para llevar adelante un cambio en este momento crítico”, ha dicho Vásquez sobre él. Lo que, en otras palabras, quiere decir que el mandatario ha optado por alguien que le garantizara mantener el statu quo en un sector tan delicado.
Por no mencionar a los viejos conocidos que siguen ocupando un sitio en el equipo ministerial, como Juan Francisco Silva, el ministro de Transportes y Comunicaciones cuya gestión ha estado marcada por un apoyo abierto a la informalidad en nuestras pistas. Algo, a decir verdad, bastante coherente con el nuevo titular del Gabinete, que como congresista presentó el año pasado un proyecto de ley para prorrogar “automáticamente” por 10 años las autorizaciones a las empresas de transporte público urbano, en contra de la reforma del sector.
Esto, además, sin contar al resto de los, por ahora, poco conocidos integrantes del Gabinete Ministerial, cuyas trayectorias seguramente iremos conociendo con el paso de los días. Menuda tarea la que tendrá por delante el Congreso cuando llegue el momento de evaluar el voto de investidura para este equipo
Contenido sugerido
Contenido GEC