Ayer, dos días después de que cayera en el Congreso el Gabinete presidido por Pedro Cateriano, el presidente Martín Vizcarra juramentó al nuevo equipo ministerial.
A la cabeza del mismo estará el hasta hace dos días ministro de Defensa, Walter Martos (62), general EP en retiro que logró escapar del tradicional perfil bajo que suelen exhibir los titulares de dicha cartera debido a la irrupción en el país del COVID-19 y el consiguiente decreto del estado de emergencia a mediados de marzo. Desde entonces, Martos pasó de ser un ministro con casi nula exposición pública a acudir a los medios de comunicación casi a diario para explicar los alcances de la cuarentena y el trabajo de las Fuerzas Armadas durante esta. Un dato que no ha pasado por alto es que Martos es el segundo militar que asume este cargo en los últimos 40 años; un puesto que demanda actitud para el consenso, tópico que a veces colisiona con las formas castrenses.
Además de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se cambiaron a los titulares de las carteras de Trabajo, Energía y Minas, Mujer, y –evidentemente– Defensa. Los otros 14 ministros permanecen en sus cargos.
Resulta elocuente, primero que todo, que dos de los ministros reemplazados fueran el de Trabajo, Martín Ruggiero, y el de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa. Como se sabe, las designaciones de ambos (especialmente la del primero) suscitaron severas críticas en su momento por la cercanía que registraban con Pedro Cateriano, y porque parecía que esta circunstancia –antes que su experiencia en los sectores que tenían a cargo– era lo que había primado para que fuesen incluidos en el Gabinete anterior. Así, la salida de Ruggiero y de Belaunde aparece más bien como una concesión del presidente Vizcarra hacia el Congreso o, también, como un intento del mandatario por remover a las cartas de Cateriano del Gabinete.
Pero si la remoción de algunos ministros puede leerse como un gesto, la permanencia de algunos resulta igual de significativa. Hablamos, por supuesto, de la ratificación de María Antonieta Alva (Economía) y de Martín Benavides (Educación). Como se sabe, en contra de ambos se habían presentado sendos pedidos de interpelación en el Congreso y, en el caso del último de ellos, el propio Cateriano confirmó en entrevista con este Diario que su continuidad había sido reclamada por algunos grupos parlamentarios como una condición para cederle votos que asegurasen su investidura el último martes.
Como se recuerda, horas después de la caída del Gabinete Cateriano, el mandatario apareció en un mensaje televisado para aseverar que “la reforma universitaria no se negocia”, y subrayar que “los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder”, dándole así sustancia a la denuncia del ahora ex primer ministro.
En efecto, la renovada confianza de Vizcarra por sus ministros que se hallan bajo amenaza de interpelación parece connotar una suerte de línea roja que el mandatario ha trazado para decirle al Congreso que no está dispuesto a ceder, por un lado, en la estrategia económica que ha puesto en marcha Alva para poder navegar a través de las turbulentas aguas de la pandemia y gestionar la reactivación económica del país y, por el otro, en lo que encarna Benavides, exjefe de la Sunedu, como un reconocimiento de este Gobierno hacia la reforma universitaria y el papel crucial que desempeña en esta una institución que han intentando torpedear tantos grupos políticos con presencia en el Legislativo (no solo en el actual).
Ahora, como suele decirse, la pelota está en la cancha del Congreso. Por supuesto, como la necedad nunca tiene techo, siempre cabe la posibilidad de que vuelvan a rechazar la confianza a otro Gabinete. Una circunstancia que sería sencillamente inaceptable y un nítido mensaje de que el Parlamento tiene poco o ningún interés por el bienestar de la ciudadanía mientras vive sus horas más oscuras.