Editorial: Los congresistas y la Historia

Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) –que, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en protagonista de las pugnas entre el Gobierno y el Legislativo– resolvió, en síntesis, tres cosas: i) admitir la demanda competencial presentada hace unos días por el Ejecutivo respecto de la moción de vacancia formulada contra el presidente Martín Vizcarra, ii) rechazar la medida cautelar que buscaba paralizar el procedimiento en el Congreso y iii) desestimar el pedido para que sean 104 votos (y no 87) los necesarios para destituir al jefe del Estado.

Sobre el primer punto, en realidad, no hay mucho más que decir por el momento. Los puntos dos y tres, en cambio, sí podrían terminar siendo claves hoy.

Como consecuencia de ellos, para comenzar, el presidente Vizcarra –o, en su lugar, su representante legal designado para esta ocasión, el abogado Roberto Pereira– deberá presentarse hoy ante el pleno para ejercer su defensa en el proceso de vacancia que se activó hace exactamente una semana. Y aunque el mandatario ha intentado hasta el final encontrar el sustento legal para eludir dicha convocatoria, la verdad es que esta podría servirle para que por fin le aclare al país varios puntos sobre el Caso Swing y sobre otros que aparecieron tras este. Nosotros mismos, tres días atrás, recogimos varias de las preguntas que siguen en el aire (¿cuántas veces asistió Richard Cisneros a Palacio de Gobierno? ¿En cuántas lo recibió Vizcarra? ¿Y de qué hablaron? ¿Por qué tardó tanto tiempo en remover a Mirian Morales luego de que se conociera que había contratado a la hermana de su expareja cuando laboraba en el MTC? ¿Cómo explicar, por otro lado, la fortuna de cuatro amigos con los que practicaba tenis que consiguieron contratar con el Estado o trabajar en él?).

De hecho, estas respuestas son tan necesarias que, aun si el TC hubiese otorgado ayer la medida cautelar, ello no habría supuesto que el presidente dejara de abordarlas ante la ciudadanía.

Dicho lo anterior, sin embargo, una vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” como la que hoy se discutirá y se resolverá en el Congreso es completamente descabellada. No solo porque, como ya dijimos, las ‘bases’ sobre las que un puñado de congresistas han erigido la destitución son escuetas y ni siquiera hay una investigación concluida al respecto (solo hay evidencias y conjeturas), sino también porque la premura con la que se buscó sacarla adelante y los entresijos rocambolescos que hemos conocido en la última semana (llamadas desde la presidencia del Legislativo a las FF.AA., confección de un Gabinete alternativo, etc.) han dejado claro que su objetivo tiene poco que ver con la textura moral del presidente.

A ello hay que añadirle todo lo que este galimatías nos ha llevado a perder de vista en los últimos días; principalmente, la marcha del COVID-19 en el territorio nacional, lo que parece ser –revisando los números– su lenta, pero sostenida, caída y los pasos que el Gobierno debería tomar para reabrir el país minimizando el riesgo de que el virus vuelva a desbocarse. No es exagerado decir que las siguientes medidas que decrete el Ejecutivo en este sentido serán tan fundamentales como las que aplicó al inicio de la emergencia.

Una frase famosa, cuya invención suele atribuirse imprecisamente al expresidente estadounidense Abraham Lincoln, reza: “No hay que cambiar de caballo en medio del río”. Y –añadiríamos nosotros– mucho menos cuando este recambio ni siquiera se justifica. Querer tumbar a un Gobierno que, con todos sus errores y limitaciones, se encuentra gestionando una de las peores crisis de nuestra historia, y sin las razones que mañosamente sus promotores pretenden darle, equivale a aventar al país a las aguas con el riesgo de que las corrientes nos terminen arrastrando a todos. Y la Historia no debe olvidar a quienes respalden esta tropelía.