Editorial: La telaraña

Dos días atrás, el ex gobernador regional de Lambayeque (2003-2006 y 2007-2010) Yehude Simon fue intervenido en su casa en Surco luego de que la juez María Álvarez Camacho acogiera una solicitud del fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato José Domingo Pérez para detenerlo preliminarmente por diez días. En corto, a Simon se lo acusa de haber favorecido a Odebrecht con la concesión del proyecto de irrigación Olmos a cambio de recibir de la empresa brasileña aportes para su campaña a la reelección en el 2006.

Una de las evidencias más fuertes contra Simon es la confesión del exrepresentante de la constructora en el Perú Jorge Barata, que reconoció los aportes ante el equipo especial y detalló que estos se realizaron a través de “dos personas de máxima confianza” del exgobernador.

Más allá de Simon –cuya culpabilidad, de más está decirlo, deberá dilucidarse en un tribunal–, su caso es una puntada más en la ya larga hilera de autoridades regionales, provinciales y municipales que en los últimos años han pasado de las páginas políticas a las policiales salpicadas por señalamientos de corrupción u otros delitos.

Basta con ver, por ejemplo, la situación que hoy atraviesan el exgobernador de San Martín César Villanueva (encerrado bajo mandato de prisión preventiva por el Caso Odebrecht), el del Callao Félix Moreno (procesado por el mismo caso y sentenciado en otros dos), el de Tumbes Ricardo Flores (en prisión provisional por el Caso Los Elegantes) o el de Cajamarca Gregorio Santos (condenado por colusión simple y agravada, y asociación ilícita) para darnos una idea.

Y si abrimos más el obturador, el problema luce sistémico. Según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) de setiembre del 2018, de un total de 37.675 casos por corrupción a nivel nacional registrados hasta mayo de dicho año, 4.225 correspondían a “investigaciones y/o procesos seguidos contra autoridades y exautoridades regionales y/o municipales” elegidas en los procesos del 2002, 2006, 2010 y 2014. El mismo documento, además, daba cuenta de que, para ese momento, había ya “205 gobernadores, exgobernadores, alcaldes y exalcaldes que se encuentran sentenciados” y que, en conjunto, le ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/7’727.744. Esto, por supuesto, hablando solo de casos de corrupción y dejando fuera a las autoridades subnacionales acusadas de delitos tanto o más graves como tráfico de terrenos, sicariato, narcotráfico…

¿Por qué la descentralización convirtió a las regiones en un terreno propicio para el crimen? Difícil dar con un diagnóstico definitivo, pero una de las causas parece ser que, mientras por un lado el presupuesto destinado a los gobiernos locales y regionales creció (pasó de S/17 mil millones en el 2007 a más de S/52 mil millones este año), los mecanismos de control y fiscalización no avanzaron a la misma velocidad. Hace unos días, por ejemplo, informamos en este Diario cómo una mafia liderada por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali operaba adentro de la institución traficando con el otorgamiento de puestos de fiscales adjuntos y provinciales. Si quienes deben perseguir el crimen se encargan de cometerlo, la lucha contra este flagelo se vuelve más plúmbea de lo que ya es.

Parte del problema también radica en cómo llegan estas personas a posiciones de poder. En muchos casos, lo hacen a través de movimientos regionales (en los comicios del 2018 participaron 113) que catapultan a rostros conocidos localmente, pero que se desentienden de estos ante los primeros cuestionamientos. Sin duda, resultaría más fácil pedirles explicaciones a los partidos políticos nacionales por las fechorías de sus apadrinados que a más de un centenar de movimientos desperdigados por todo el territorio nacional.

Lo que pareciera que hemos tenido, en fin, no es una red descentralizada de autoridades, sino más bien una telaraña tejida en silencio por criminales durante años y que fue fagocitando al Estado aprovechando que la luz de la fiscalización alumbraba mayormente a la capital.