Editorial: La lista de la infamia

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El tsunami político que se desató dos noches atrás al conocerse que funcionarios de este y del anterior gobierno se habrían beneficiado con vacunas que no les correspondían sigue arrastrando un maremágnum de lodo. Ayer, trascendió que la hasta hace poco ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también se había inmunizado en secreto entre mediados de enero e inicios de febrero.

Y aunque cada uno de los casos de altos funcionarios que se habrían favorecido indebidamente indigna, el de la señora Mazzetti es particularmente sobrecogedor: hace menos de una semana había afirmado lo siguiente sobre su turno de vacunación: “El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser, porque los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correctamente”. Ahora sabemos que nos mintió y que lo hizo, además, incluso cuando ella, más que nadie en el Gabinete Ministerial, estaba al tanto de los médicos, enfermeros, técnicos y hasta conductores de ambulancias que iban contagiándose y muriendo por COVID-19 y a los que alguna de esas vacunas pudo haber protegido.

La información fue confirmada poco después por el presidente Francisco Sagasti y por la propia Mazzetti. Según alegó esta última en un comunicado difundido durante la noche, accedió a inocularse con las dosis del fármaco de Sinopharm porque, luego de ver cómo “personal y funcionarios del Minsa a mi alrededor han ido rápidamente enfermando y algunos han perdido la vida […], cedí ante la inseguridad y mis miedos”. Unas palabras que guardan ciertas (aciagas) reminiscencias con las esgrimidas la noche anterior por la excanciller Elizabeth Astete, cuya vacunación –en sus palabras– se dio porque “no podía darme el lujo de caer enferma”. Nunca como hoy calza tan bien aquella frase del escritor José Saramago: “La mayor de las disculpas, el miedo”.

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A ambas, el mandatario acusó en su mensaje a la nación de ayer de haber faltado “a su deber de servidoras públicas y a su lealtad con la presidenta del Consejo de Ministros y conmigo”. Pero, además, el jefe del Estado reveló que 487 personas, incluyendo a varios funcionarios públicos, “aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas”. Y que dicha lista de la infamia sería remitida a instituciones como la contraloría, la fiscalía, la procuraduría y a la comisión investigadora formada por el sucesor de Mazzetti, el ministro Óscar Ugarte, para que “inicien las acciones que corresponden”.

Más allá de los cauces procesales que deberán seguir las casi 500 personas que se favorecieron indebidamente con la inmunización, la ciudadanía necesita saber los nombres de los que integran esa nómina y las condiciones que les permitieron, a cada uno, apropiarse de un bien que no estaba destinado para ellos.

Por lo demás, quisiéramos decir que nos sorprende también que el expresidente Martín Vizcarra haya insistido ayer en que él, su esposa –y ahora, sorpresivamente, también su hermano– participaron en un ensayo clínico a pesar de que una de las dos universidades que llevaron a cabo el proceso ya lo desmintió públicamente, pero la verdad es que no. A estas alturas, lo realmente sorpresivo sería escucharlo pronunciar una sola verdad.

Que una sola persona haya aprovechado un cargo público para beneficiarse con una vacuna que debía ser usada para otros fines ya es deplorable. Que lo hayan hecho 487, que a ninguno se le haya ocurrido tener la decencia de comunicarlo y que solo estemos viendo la magnitud de este entramado cuando ya es inocultable, es una tragedia moral para todo el Perú que cuesta digerir.