Editorial: La espiral de la insensatez

Tal y como se veía venir, ayer la Comisión de Constitución del Congreso mandó al archivo el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para adelantar al 2020 las elecciones generales. Dicha decisión se tomó gracias al apoyo de los representantes de Fuerza Popular, Acción Republicana, Contigo, Cambio 21, el Apra y Alianza para el Progreso, y en ausencia de los de varias otras bancadas que optaron por abandonar la sala antes de la votación en protesta por la forma como se estaba llevando a cabo el debate.

Como hemos dicho antes, y en la medida en que estaba facultado para ello, al rechazar la propuesta el grupo parlamentario ha actuado de manera legal –tan legal como habría sido aprobarla–. Lo anterior, sin embargo, no sirve para embellecer un ápice la manera vergonzosa en la que esta decisión salió adelante.

En efecto, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que la forma como se condujo la sesión de ayer, con interrupciones constantes a los legisladores que defendían la posición minoritaria y con una aplicación draconiana y poco habitual de los minutos de los que disponía cada orador, evidencia que, para la mayoría, el debate solo era un trámite que había que cumplir. Imposible pensar en la sesión de ayer y no asociarla con otros episodios en los que el fujimorismo ha recurrido a la fuerza de sus votos para empujar al caballazo y con una velocidad inusitada otras iniciativas.

Una situación que, además, abre una interrogante de cara a la elección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, prevista para este lunes. ¿Qué nos garantiza, pues, que dicho proceso se ceñirá más a la idoneidad de los candidatos que a un frívolo cálculo partidista?

En su premura por encarpetar la iniciativa del Gobierno, asimismo, el Congreso no tuvo la mínima cortesía de esperar la opinión consultiva de una comisión de juristas a la que hizo venir desde el otro lado del océano y cuya postura, según se nos dijo desde el principio, era importante para los parlamentarios.

La respuesta del Ejecutivo al archivamiento, por otra parte, tampoco ha sido la óptima. “Nuestro gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a actuar con la autoridad y fortaleza que nos dan la Constitución y las leyes, y actuar con la responsabilidad que este Parlamento no ha sabido demostrar el día de hoy”, advirtió el primer ministro Salvador del Solar, horas después de conocer la decisión del Parlamento. Un mensaje que, a pesar del tono categórico en el que estaba pronunciado, no fue claro en transmitir los siguientes pasos que tomará el Gobierno, en un momento en el que la ciudadanía espera mayor certidumbre.

Haga lo que haga, cabría pedirle al Ejecutivo que no responda con la misma prepotencia e irresponsabilidad con la que ha actuado el Congreso; es decir, que no alimente esta espiral de insensatez. A estas alturas, una réplica que fuerce aún más nuestras costuras institucionales –de por sí, bastante maltratadas en los últimos años– podría terminar por llevarnos a un escenario peligroso y deshilvanar por completo el traje institucional que tanto nos costó preservar.

En otras palabras, que cuando el Gobierno decida actuar –pues ha anunciado que lo hará, aunque no ha ahondado en los términos– no se salga del orden que ha establecido la Constitución.

A fin de cuentas, es en situaciones complicadas como esta que los ciudadanos terminan por conocer cuán hondos e incólumes son los principios y compromisos democráticos de sus líderes.