Editorial: Impuestos a la obra

La presentación de la primera ministra ayer en el Congreso no fue particularmente elocuente o inspiradora. No obstante, no podemos dejar de resaltar un aspecto sumamente positivo de la exposición de la señora Ana Jara: hizo, en varios momentos, un fuerte énfasis en el compromiso del Gobierno por promover la inversión privada y por aprovecharla para acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y mejorar los servicios que brinda el Estado. La primera ministra, además, puso como prueba de dicho compromiso el segundo paquete de medidas “reactivadoras”, presentado por el Gobierno el pasado 28 de julio y que espera ser aprobado por el Congreso.

Dentro de las varias propuestas de este paquete existe una resaltada por la señora Jara y que puede contribuir enormemente a acelerar la ejecución de diversas obras de infraestructura pública en todo el país. Nos referimos a la ampliación del sistema de obras por impuestos para que pueda ser aprovechado por las entidades del gobierno nacional. 

A pesar de que esta modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública existe en nuestro país desde el 2008, actualmente solo se permite su utilización para proyectos de impacto regional y local. Y, dado el éxito que –una vez que los trámites a los que se sujetaba fueron simplificados– ha venido teniendo, no se entiende el porqué de la actual limitación. En efecto, en estos años se han sumado una serie de proyectos que a la fecha representan más de S/.1.000 millones comprometidos y ejecutados para financiar y/o ejecutar obras de infraestructura básica, como redes de agua y desagüe, vías de transporte y centros de salud en las regiones y municipios. 

El atractivo de este sistema reside en que permite que las empresas que se adjudiquen y culminen adecuadamente la ejecución de estos proyectos –previamente seleccionados por el gobierno respectivo– deduzcan como pago a cuenta y de regularización hasta un porcentaje máximo de 50% del impuesto a la renta de tercera categoría a su cargo. La sociedad gana porque la empresa privada a menudo logra ejecutar la obra pública que beneficia a la población con mayor eficiencia que el Estado. Y la empresa gana también porque se puede beneficiar directamente con la obra y asocia su imagen con proyectos de alto impacto social.

Si se aprobase el proyecto de ley, las empresas que utilicen este mecanismo podrán también participar en la ejecución y/o financiamiento de infraestructuras públicas de alcance nacional, específicamente para los sectores salud, educación, agricultura y riego, orden público y seguridad. Así, las empresas tendrán la oportunidad de participar con el Estado en la construcción y financiamiento de más penales, hospitales, centros educativos, universidades, escuelas técnicas, comisarías, entre otros. 

Aunque el proyecto aún no ha sido debatido, la ministra de Salud, por ejemplo, ha señalado que la ampliación de este mecanismo es gravitante y ha anunciado que con su aplicación se permitirá trasladar parte del portafolio de proyectos de su sector –valorizados en S/.3.000 millones– para que las empresas privadas puedan invertir en salud a cuenta de sus tributos. “Hay interés de empresas privadas por invertir no solo en la construcción o mejoramiento de un hospital, sino de manera integral en un paquete de obras de una determinada ciudad, por desembolsos de hasta S/.100 millones”, señaló la ministra.

Si bien los paquetes “reactivadores” son aún tímidos y debieron ser presentados de manera más oportuna, no podemos dejar de resaltar que la reseñada es una iniciativa sumamente importante y que muestra voluntad en el Gobierno por tratar de aprovechar la fuerza de la iniciativa privada para cumplir con sus funciones más importantes. Y eso hay que felicitarlo. Ojalá que la Comisión de Economía del Congreso, donde aún descansa el proyecto de ley, esté a la altura de las circunstancias.