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Decir que la seguridad ciudadana es un asunto que hace rato se le escapó de las manos a este gobierno es una verdad de Perogrullo. Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad.
Lo importante, además, es que los números y los hechos cotidianos demuestran que tal percepción –mal que les pese a ex titulares del Interior o de la Presidencia del Consejo de Ministros, como Wilfredo Pedraza o Juan Jiménez– no obedece a un engaño de los sentidos o a la ‘histeria’ sembrada por alguien para “afectar la imagen del gobierno”, sino que corresponde a la realidad.
El sábado en la madrugada, por ejemplo, Víctor Acher, un estibador del puerto del Callao, fue asesinado a una cuadra de su casa. Según testigos, los homicidas viajaban en un vehículo de lunas polarizadas y dispararon 36 veces sobre la víctima. Y las primeras investigaciones policiales apuntan a la existencia de un vínculo entre ese atentado y el Caso Oropeza, pues Acher sería primo de uno de los sospechosos de haber atacado el vehículo del presunto narcotraficante.
Así, a tres meses de que la camioneta de Gerald Oropeza recibiera más de 25 impactos de bala y cuatro explosiones de granada, el asesinato de Acher se suma a los de otras tres personas y a un atentado fallido, todos posteriores al crimen original pero que no pudieron ser anticipados ni impedidos a partir de la investigación que motivó.
Mientras tanto, la extorsión a colegios en San Juan de Lurigancho ha causado la muerte de dos vigilantes y el director de una escuela, así como el ataque con dos granadas al patio de una institución educativa, minutos antes de que los alumnos salieran de clases.
La inoperancia de las instituciones oficialmente encargadas de velar por la seguridad ciudadana es tal, que los alcaldes de distintos distritos demandan que las Fuerzas Armadas patrullen las calles, una medida de cuya inconveniencia felizmente parece estar persuadida la actual administración. Pero, de cualquier forma, su única reacción ante el clamor de la ciudadanía, es haber pedido nuevas facultades para legislar sobre la materia.
En ese contexto, es legítimo preguntarse: ¿Existe algo más que el gobierno pueda hacer a este respecto más allá del endurecimiento penal que buscaría la nueva legislación? Pues la verdad es que sí, y el impulso al trabajo conjunto entre la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial podría ser una buena manera de empezar, porque la desconexión entre esas entidades ha favorecido en los últimos tiempos la proliferación de la delincuencia.
Para ilustrarlo, basta recordar la discrepancia que se produjo en abril pasado, cuando el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó que el 95% de los detenidos por agentes de la Dirección de Criminalística de la Policía eran puestos en libertad, y los presidentes del Poder Judicial y el Ministerio Público discreparon con la cifra (aunque, a decir verdad, el 91% planteado por el ministro tras la reunión que los tres funcionarios sostuvieron tampoco resultaba alentador).
El divorcio del que hablamos se puede constatar también en algunos aspectos del Caso Oropeza: sintomáticamente el mismo que habría dado pie a los crímenes a los que aludimos al principio de esta nota. Como se sabe, un día después de que, luego de tres semanas de búsqueda, se capturara a Christian Valle, alias ‘Drácula’, uno de los sospechosos más buscados por la policía, por sus nexos con el presunto narcotraficante, este fue puesto en libertad. ¿Cómo así? Pues simplemente porque el Poder Judicial determinó que no existía mérito para formalizar una investigación preparatoria. Y ejemplos como ese son el pan de cada día en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.
La coordinación de las labores entre la PNP, la fiscalía y el Poder Judicial puede parecer entonces una facultad modesta al lado de las que el Ejecutivo ha pedido y obtenido del Congreso para legislar sobre asuntos de seguridad. Pero en el corto plazo puede ser el arma más eficaz para detener por lo menos el crecimiento del flagelo que, a juicio de la ciudadanía, es hoy por hoy el peor de los que padece. Y se puede implementar mañana.
