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Luego de más de un mes de interrupción en las sesiones de la Comisión de Ética, el lunes se reunió nuevamente dicho grupo de trabajo, estrenando dirección y cinco nuevos integrantes. Con toda seguridad, durante la actual conformación legislativa ninguna comisión parlamentaria ordinaria ha tenido un desempeño más turbulento.
Como se recuerda, a fines del año pasado los integrantes de diversas bancadas parlamentarias renunciaron o suspendieron su participación en la Comisión de Ética, en medio de una serie de cuestionamientos acerca de su imparcialidad. Ello a raíz de la decisión de la comisión de no abrir una investigación preliminar a los congresistas de Fuerza Popular (FP) que intervinieron en el allanamiento judicial a su local partidario. Una decisión que se tomó con el voto uniforme de los cuatro congresistas de FP que integraban la comisión, levantando así las sospechas de un blindaje político a sus correligionarios.
La hipótesis de un encubrimiento político cobró más fuerza en abril de este año luego de que la misma comisión votara a favor de archivar la denuncia que pesaba contra la congresista Yesenia Ponce (FP), gracias –una vez más– a los votos mayoritarios de la bancada fujimorista (tres votos a favor del archivo, incluyendo el voto dirimente del entonces presidente de la comisión, Juan Carlos Gonzales). Ello a pesar del cúmulo de evidencias y reportajes periodísticos que apuntaban en el sentido de que Ponce no solo habría mentido en su hoja de vida sobre la culminación de sus estudios escolares, sino que además habría presentado certificados de estudios en los que figuran los nombres de incorpóreos compañeros de clase que ni siquiera figuran en el Reniec.
La actitud indulgente de la comisión encargada de velar por el correcto comportamiento de los legisladores ha beneficiado a más de una bancada. Si uno revisa las estadísticas de esta comisión, encontrará que de los 105 casos que han sido denunciados ante este grupo de trabajo, menos del 5% han sido merecedores de una recomendación de suspensión. Y ninguna de estas recomendaciones ha sido aprobada por el pleno del Congreso. De hecho, los únicos cinco casos que llegaron al hemiciclo parlamentario fueron devueltos a la Comisión de Ética (los casos contra Carlos Bruce por enviar un oficio solicitando resguardo policial para su negocio y Maritza García por presuntamente mentir en su hoja de vida); recibieron una pena mucho menor a la requerida (Yesenia Ponce y Elías Rodríguez fueron apenas amonestados por irrumpir en una sesión del Consejo Regional de Áncash y por los plagios detectados en varios proyectos legislativos, respectivamente); o terminaron archivados (el caso de Clayton Galván, quien omitió incluir una sentencia dentro de su hoja de vida).
No resulta extraño que, de acuerdo a la encuesta El Comercio-Ipsos de abril de este año, 62% de la población respalde la propuesta de los congresistas Alberto de Belaunde y Guido Lombardi de que la Comisión de Ética no esté conformada por parlamentarios, sino por personajes notables externos al Congreso.
En este contexto de desprestigio, los miembros de la renovada comisión de Ética, liderados por Janet Sánchez, de Peruanos por el Kambio, enfrentan una tarea cuesta arriba. La de limpiar no solo la imagen de dicho grupo de trabajo, sino la de hacer creer a la población que ‘ética parlamentaria’ no es un oxímoron. La decisión de reabrir la investigación contra Yesenia Ponce y de ratificar el inicio de la indagación preliminar contra los legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocangel y Moisés Mamani, puede ser una buena primera señal.
Solo una actuación neutral sostenida en el tiempo logrará cambiar la calificación desaprobatoria que hoy la ciudadanía, con justa razón, le confiere a esta comisión.
