(Editorial) Elecciones regionales: ¿la suerte está echada?

Este domingo se realizará la segunda vuelta electoral en que los ciudadanos de 14 regiones concurrirán nuevamente a las urnas para definir quiénes serán sus representantes por los próximos cuatro años. Las expectativas son altas pues en varias regiones existen candidatos que, de ser elegidos, pondrían en riesgo el desarrollo y el crecimiento de sus regiones debido a estar involucrados en escándalos de corrupción o contar con sesgos ideológicos en contra del capital privado y la inversión minera.

Por ejemplo, en la región Áncash la disputa electoral es entre Ricardo Narváez y Waldo Ríos. Este último –al parecer favorito en las encuestas– ha sido sentenciado por cometer delito contra la administración pública y contra el patrimonio mientras era congresista. Esto, porque en el  2000 recibió US$10 mil de manos de Vladimiro Montesinos para que se cambiara a la bancada oficialista (fujimorista). Por si esto fuera poco, ha declarado que solo pagaría la reparación civil por dichos delitos (S/.250 mil) si es elegido. 

En Pasco uno de los candidatos es Kléver Meléndez, quien afronta, desde el penal Miguel Castro Castro, un proceso por corrupción de funcionarios y lavado de activos. Por otro lado, en Cusco el señor Benicio Ríos ya ha sido sentenciado a cuatro años de pena suspendida de la libertad e inhabilitado por haber avalado el aumento de su salario de S/.3.500 a S/.6.666 ilegalmente cuando era alcalde de la provincia de Urubamba. Si bien apelará la sentencia, quedan grandes dudas de lo que le podría esperar a la región Cusco de ser elegido. Finalmente, en Junín, tenemos al acusado de estar vinculado a Martín Belaunde Lossio, Vladimir Cerrón, compitiendo contra Ángel Unchupaico, condenado en agosto a tres años de prisión suspendida por cobrar bonos de escolaridad que no le correspondían. 

Además de esas regiones donde hay candidatos con serias acusaciones de corrupción, hay otras que preocupan debido a posiciones radicales antimineras e inversión. Así, no podemos dejar de mencionar Puno. Allí, la contienda electoral es entre Juan Luque y Walter Aduviri, acusado del ‘aimarazo’ contra la actividad minera en el 2011, para quien la fiscalía habría pedido 25 años de prisión. Aduviri ha asegurado que evitará que la minería en su región “sea entregada al capital transnacional” y, que de ser elegido, se asegurará de que la explotación de esta actividad esté a cargo solo del propio gobierno regional y no de privados. Esto es peligroso para el desarrollo de Puno, pues se encuentran comprometidos más de US$1.100 millones en proyectos mineros que, de ser ejecutados, contribuirían a sacar de la pobreza a muchos ciudadanos. En caso contrario, la región se verá seriamente afectada debido a que la única operación minera formal se estima cerrará en cinco años, por lo que podrían quedarse sin canon. 

Asimismo, preocupa lo que sucedería en Apurímac. Allí podría alcanzar la presidencia Michael Martínez, candidato que también tiene una posición ambigua en torno a la actividad minera, lo que hace peligrar los más de US$12.000 millones comprometidos en inversión minera en la región, incluido el proyecto minero Las Bambas.

Finalmente una región que lamentablemente ya parece estar condenada a un futuro poco promisorio es Madre de Dios. Los candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Luis Otsuka y Simón Horna, son acérrimos defensores de la minería ilegal. Por un lado, Horna incluyó en su lista a Cosme Ccori, electo consejero regional, quien opera en el poblado de Huepetuhe y donde se ha depredado de manera desbordante el bosque amazónico. Por el otro, los antecedentes de Otsuka son aún más preocupantes. A fines de marzo pasado, la procuraduría del Ministerio del Interior denunció penalmente a 40 dirigentes mineros ilegales por los delitos contra la seguridad pública –por el bloqueo de carreteras– y contra la vida, el cuerpo y la salud. En esa lista figuraba Otsuka.

El panorama electoral para este domingo es bastante preocupante: tenemos candidatos que están acusados/sentenciados por temas de corrupción o que son dogmáticamente antimineros.  En cualquiera de las dos situaciones, el desarrollo del país se puede ver seriamente comprometido. Hasta que nuestro Congreso no debata una verdadera reforma electoral que impida a este tipo de personajes llegar a la presidencia regional, solo nosotros con nuestro voto informado podremos evitarlo.