Editorial: Disculpe la insistencia

Desde este espacio, en más de una ocasión nos hemos visto obligados a escribir sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. En concreto, nos hemos referido desde contextos distintos a lo perjudicial que resulta su continuidad como cabeza del Ministerio Público y, en esa línea, a la plétora de indicios que dejan claro que no proyecta la imagen de irreprochabilidad que su puesto exige. Con el paso de los días, estos solo han ido en aumento.

Para comenzar, solo la semana pasada se publicó en este Diario la declaración de un testigo sobre la alteración de las notas con las que el ahora fiscal de la Nación fue ratificado como fiscal supremo por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En una reciente entrevista con CNN, el señor Chávarry trató de explicar lo sucedido alegando que fue “un problema técnico” del sistema informático del CNM que afectó a “todas las personas dentro del proceso” el causante de este extraño incidente. Empero, esta defensa es fácil de desmantelar si se toma en cuenta que de los 80 magistrados que participaron solo dos –Chávarry y el juez supremo Josué Pariona– vieron modificados sus puntajes.

Y más importante, aun cuando este detalle haya pasado algo desapercibido: también hubo alteraciones significativas en los comentarios escritos de los evaluadores externos que revisaron las pruebas del fiscal, algo que no se puede explicar como un percance técnico en tanto el sistema informático no tendría la capacidad de realizar cambios a calificaciones distintas a la mera asignación de puntajes.

No menos preocupantes han sido las acciones que el titular del Ministerio Público ha llevado a cabo en su institución, como no atender la solicitud de las magistradas Rocío Sánchez y Sandra Castro –que investigan la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, indagación en la que está involucrado el propio fiscal de la Nación– para que se designe, ante la sobrecarga de trabajo, una persona que las apoye con otras carpetas de su despacho. También está la remisión a Control Interno del caso del fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros 10 implicados, por sus expresiones en una conferencia en México en la que se refirió –sin duda equívocamente– a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA como “guerrillas” y a la lucha contra el flagelo terrorista como “guerra civil”. Ello, en un contexto en el cual Pérez ha esgrimido cuestionamientos contra la permanencia de su superior.

Así, estamos ante un ejercicio del poder que se condice con las no tan veladas amenazas a las que el señor Chávarry nos ha venido acostumbrando. La semana pasada, por ejemplo, señaló que podía remover a José Domingo Pérez de las investigaciones que tiene a cargo, pero que no lo hacía para que esta decisión no se interprete como una represalia. Una justificación, por cierto, que más que corresponderse con potenciales inconductas del fiscal Pérez revelarían que su real preocupación es la de mantenerse en el puesto.

No olvidemos, además, las advertencias que dedicó al presidente Martín Vizcarra luego de que este opinara que la cabeza del Ministerio Público debía dar un paso al costado. En aquella ocasión, el fiscal Chávarry respondió pidiéndole “ponderación” al mandatario, solo para agregar que había “46 denuncias en su contra” que “serán tramitadas con el debido proceso”. En suma, actitudes que solo se pueden interpretar como la utilización de sus funciones como un arma para intimidar a quienes lo cuestionan.

Desde esta página pedimos disculpas por insistir con este tema. No obstante, la reiteración no se sustenta en una antojadiza ojeriza contra el fiscal de la Nación. Más bien, se sostiene en un creciente cúmulo de evidencias que reafirman que la permanencia del señor Chávarry en su cargo es insostenible.