Editorial: Destensar el hilo constitucional

En los últimos días, los peruanos hemos contemplado una seguidilla de eventos tan insólitos –y hasta por momentos surrealistas– que llegar a comprender en toda su envergadura el impacto de lo sucedido el 30 de setiembre del 2019 nos llevará algún tiempo. En cierto punto, en efecto, parecía que estábamos ante una carrera desbocada donde a un evento de brumosa constitucionalidad desde un lado le sucedía –casi inmediatamente– una réplica tan o más cuestionable desde la orilla de enfrente, en una espiral de insensatez que nadie se preocupó (ni se esforzó) en detener.

Si tomamos en cuenta que hace poco más de tres años inaugurábamos una administración con un Ejecutivo y un Legislativo liderados por distintas fuerzas políticas, y que hoy tenemos al primero de ellos decretando la disolución del segundo, y a este último dictando la suspensión en el cargo del primero (y juramentando a una presidenta encargada que finalmente terminó renunciando) es evidente que algo no hicimos bien como país.

La interrogante, por supuesto, es si todo este tinglado en el que nos hallamos inmersos hoy no pudo haberse evitado, incluso cuando la suerte ya parecía echada. Y uno no puede dejar de preguntarse si, por ejemplo, no hubiera sido más sensato que el presidente Martín Vizcarra consultara primero al Tribunal Constitucional (TC) sobre si la interpretación peculiar que finalmente le dio a la cuestión de confianza se apegaba o no a la Constitución. O si, en el otro lado, el Congreso no debió hacerle la misma consulta a este órgano jurídico apenas el mandatario comunicó la disolución, en lugar de embarcarse en un vagón que comenzó con la suspensión temporal del presidente y terminó con la juramentación de la hasta anoche vicepresidenta Mercedes Araoz como reemplazo de Vizcarra.

La verdad, hay que notificarles a ambos, es que no le corresponde al presidente, a sus ministros o a los congresistas que interpreten o traduzcan según sus deseos lo que estipula la Carta Magna. Y que, finalmente, el “supremo intérprete de la Constitución” es el TC.

Como dijimos ayer, sin embargo, al optar por llevar a cabo la disolución bajo un piso jurídico bastante gelatinoso (la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ha advertido que su decisión “se aleja de la Constitución”), el presidente ha cruzado una línea sin retorno y, en ese sentido, ha avanzado en una apuesta que podría terminar costándole caro, además de a él, al país, al dejar un nefasto precedente para que a futuro la interpretación de una ley quede sujeta a la arbitrariedad de una autoridad antes que a las instituciones pertinentes.

Lo que corresponde ahora es, como ha anotado la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado difundido ayer, esperar a que el TC resuelva si el presidente ha excedido las atribuciones que la ley le da y ha doblado la Constitución para encauzarla a sus objetivos. Una resolución que, dado lo abrupto que resulta para cualquier país que se interrumpa el funcionamiento de un Parlamento elegido democráticamente, no debería tardar mucho.

Tampoco se debería descartar la posibilidad de explorar una salida negociada o de acuerdo bajo la conducción de organismos como la OEA, que podría, por ejemplo, disponer que las elecciones parlamentarias establecidas para el próximo enero, se terminen convirtiendo en comicios generales o alguna otra propuesta.

Cierto es que, por otro lado, la dimisión de la señora Araoz a la vicepresidencia abre la posibilidad a una salida más rápida de esta crisis: que el presidente Vizcarra opte también por renunciar al cargo y obligue con ello a una convocatoria a elecciones generales. Si la idea del mandatario siempre fue “nos vamos todos” para que la ciudadanía vuelva a decidir a través del voto, tiene aquí una vía constitucional para hacerlo.

Mientras tanto, todo parece indicar que la institución a la que pudieron haber recurrido nuestras autoridades para evitar el escenario nebuloso en el que hoy nos encontramos parados –y que prefirieron circunvalar– terminará siendo, de cualquier manera, el que califique la constitucionalidad de casi todos los actos que hemos visto en los últimos días.