Editorial: Desproporción y daño a la democracia

En el Perú, los períodos electorales vienen típicamente acompañados de otros sucesos –algunos positivos, otros no tanto– que marcan estas fechas como una suerte de ritos o tradiciones. Aquí se cuentan, por ejemplo, las danzas de potenciales candidatos a la presidencia en búsqueda de partidos y de partidos en búsqueda de candidatos, las presentaciones de los punteros en CADE Electoral, las encuestas filtradas en la semana previa a los comicios, o los desayunos de los candidatos presidenciales el día de la justa final.

A este programa electoral informal se le suma otra característica recurrente de estos meses: la prodigalidad de tachas y exclusiones que conceden las autoridades electorales, y los esfuerzos de los candidatos por subsanar las observaciones. Por este trance han pasado ya diversos aspirantes a Palacio de Gobierno. En enero de este año, César Acuña (APP) fue excluido de la contienda por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, para luego ser repuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El mismo candidato había sido retirado de las elecciones pasadas en marzo del 2016, apenas a pocas semanas de los comicios y casi al mismo tiempo en que se sacó de carrera también al candidato Julio Guzmán (hoy en el Partido Morado).

Esta semana, el mismo JEE excluyó a los aspirantes presidenciales Rafael López Aliaga –por haber prometido que regalaría su sueldo de llegar a ser elegido– y George Forsyth –por inconsistencias en sus declaraciones de ingresos–. Si bien ambas decisiones pueden ser apeladas ante el JNE, la incertidumbre sobre el futuro de sus postulaciones es grande.

A estas alturas queda claro que el problema de fondo está menos en la falta de cuidado de los candidatos para hacer promesas inocuas o para llenar sus declaraciones juradas, y más en un sistema que aplica sanciones draconianas sobre asuntos menores. Muy aparte de las simpatías o antipatías que pueda suscitar el candidato de turno afectado por las exclusiones y tachas, es lamentable que como parte de las tradiciones electorales peruanas se haya incorporado una arbitraria espada de Damocles que pende sobre cualquier aspirante a cargo público.

No es solo la desproporción entre la supuesta falta cometida y la fuerza de la sanción; es también el momento en que toma lugar. De acuerdo con el cronograma electoral, el 12 de marzo es la fecha límite para resolver tachas contra candidatos y también para excluirlos por omitir o declarar datos falsos. Es decir, a menos de un mes de los comicios las autoridades electorales aún pueden retirar a un candidato por razones de tinte burocrático más que de sustancia.

Como mencionamos en estas páginas hace poco más de un mes, en un contexto electoral estos procesos en los que la forma prima sobre el fondo pueden hacer un daño tremendo a la representatividad democrática. No se trata de saltarse la ley, sino de interpretar y adecuar las reglas bajo principios de proporcionalidad, oportunidad y sentido común.

Aun si los procesos de exclusión en contra de los citados candidatos no prosperan frente al JNE, parte del daño ya está hecho en el presente ciclo electoral. La incertidumbre distrae a los postulantes y a la ciudadanía de los temas de campaña que realmente importan, y se convierte en un nuevo campo de batalla política. Para las siguientes elecciones, moderar las sanciones y –en la medida de lo posible– aplicarlas con suficiente antelación es una tarea pendiente en el marco legal que rige los comicios. Estos procesos, en fin, deben perderse o ganarse en las urnas, no en la mesa.