El anuncio de lo que será el Consejo Fiscal significa reconocer un descuido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el manejo fiscal. Y es que un déficit estructural estimado en 2,5% del PBI es algo de lo que no se puede alardear.
El resultado económico es la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa en sus cuentas fiscales. Los ingresos declinan cuando baja la rentabilidad de las empresas. Si ganan menos, pagan menos impuestos. Según la Sunat, entre enero y noviembre de este año, la recaudación en el Impuesto a la Renta registró una caída real de -16,8%.
No hay duda de que la cotización de los metales tuvo un fuerte impacto (pues solo en ese sector la recaudación fue -63,1% menor). No obstante, era previsible, ante lo cual se debieron tomar medidas concretas.
Lamentablemente el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. No alentó la inversión, permitió la paralización de varios megaproyectos mineros y subió el gasto sistemáticamente.
El resultado está a la vista. Este año el déficit será de 2,5% del PBI y la inflación ya superó el 4%. El Banco Central de Reserva (BCR) está tomando medidas para recuperar la estabilidad de la moneda, pero eso a su vez tendrá un impacto sobre el crecimiento de la economía. Si la economía no crece, tampoco lo hacen los ingresos (aunque, para este gobierno, sí hayan aumentado los gastos).
En ese sentido, el recientemente designado Consejo Fiscal parece más un pedido de ayuda que el resultado de una política económica clara y con liderazgo. Ante una crisis inminente no se pueden constituir comités de asesoría. Se tiene que tomar acción.
Al margen del respeto profesional que se merecen los miembros del Consejo Fiscal, su futuro trabajo es un saludo a la bandera. Según el Decreto Supremo 287-15-EF, deberán emitir opinión sobre “la razonabilidad de las metodologías y supuestos utilizados en las proyecciones macroeconómicas” del MEF. Es decir, parece que las que utiliza el ministerio no son idóneas, por lo que quieren una asesoría externa.
El Consejo Fiscal emitirá también opinión sobre la modificación y cumplimiento de las reglas fiscales previstas en la ley. En otras palabras, el ministerio no cuenta con personal que pueda controlar cómo se hacen los cálculos en materia fiscal.
Pero, entonces, ¿cuál es la tarea del MEF? Según su Ley Orgánica, ejerce la rectoría de los sectores de Presupuesto Público y Tesorería, entre otros. También coordina las acciones de control en sus unidades orgánicas y formula, propone y evalúa las políticas de su sector.
Si estas tareas se cumplieran con eficiencia, sería innecesario un consejo que las revise, para dar, además, una opinión no vinculante. El Consejo Fiscal se creó al amparo de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Ley 30099) del 2013. Dos años después recién se establecen las disposiciones para su realización.
No solo el gobierno tuvo una lentitud paquidérmica en su propio enfoque del control de gestión fiscal. Su iniciativa se realiza a medio año del cambio de mando. Está por verse, entonces, si el próximo gobierno estará de acuerdo con mantener las modificaciones que hizo la actual gestión a su medida y semejanza con la Ley 30099.
En realidad, a la luz de los resultados, tendrá que revisarse toda la actuación gubernamental en materia de cuentas fiscales. Ante un déficit de 2,5% para este año y uno de por lo menos 2% para el próximo –según los cálculos del propio MEF–, es una tarea ineludible replantear con mayor seriedad y eficiencia el control del gasto público y la disciplina fiscal.
Ningún Consejo Fiscal reemplazará lo que se necesita: liderazgo e ideas claras sobre qué hacer. Tenemos que revertir la caída de la producción, reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. La inacción es la peor receta.