Editorial: Comisiones y presupuestos

A la espera de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, las tensiones políticas entre las fuerzas presentes en el Congreso se han centrado en estos días en los reclamos acerca de los derechos que asistirían a las distintas bancadas para presidir algunas de las comisiones que funcionan en su seno.

La cantidad e identidad de esas comisiones ya están definidas (serán las mismas 24 que existieron en el Parlamento anterior, más la Comisión Permanente), así como el número de integrantes que cada una de ellas habrá de tener. Y se sabe incluso cuántas presidencias le corresponderán a cada agrupación, en virtud del número de curules que ostenta.

Lo que no se ha definido todavía es qué partido asumirá la presidencia de tal o cuál comisión específicamente; y es en torno a la relevancia política de algunas de ellas –particularmente las de Presupuesto, Fiscalización y Descentralización– que se está produciendo el pulseo al que nos referimos.

En el caso de Presupuesto, el oficialismo ha argumentado que la presidencia debería recaer sobre ellos porque eso “facilitaría las coordinaciones con el Ejecutivo” y “evitaría posibles conflictos” (que nunca se detallan), mientras que el fujimorismo ha retrucado que la mayoría obtenida en el Legislativo los hace “creer conveniente” ejercer el control político a través de la referida comisión “para ver cómo se va ejecutando el gasto”, al tiempo que han recordado que la circunstancia de que en otras administraciones el gobierno de turno haya encabezado ese grupo de trabajo obedeció al hecho de que también tenía la primera minoría en el Parlamento.

En lo que concierne a Fiscalización, por otra parte, la puja se ha producido más bien entre Fuerza Popular (FP) y el Frente Amplio (FA). Los voceros del conglomerado izquierdista han sostenido que “va a ser indispensable” que este dirija esa comisión porque “una importante parte del territorio nacional ha votado” por ellos y por el ‘posicionamiento’ que tuvieron “en toda la campaña respecto a las propuestas del fujimorismo y del señor Kuczynski”.

Un razonamiento cuando menos opinable, que ha movido, por ejemplo, al congresista Héctor Becerril a recordar el apoyo del FA a Peruanos por el Kambio en la segunda vuelta y a expresar sus dudas de “que tengan la firmeza para fiscalizar a este gobierno siendo parte de este”. O a refutaciones más directas como la manifestada por el parlamentario Carlos Tubino: “Nos toca que tengamos esa comisión porque supimos esperar y es nuestro momento ahora”.

La aspiración de presidir la Comisión de Descentralización, por último, ha enfrentado sobre todo a Alianza por el Progreso (APP) con el FA. Pero en general se ha suscitado una gran demanda de parte de los legisladores que representan a distintos lugares del interior del país por integrarla, lo que ha ocasionado que –por motivos políticos antes que técnicos– sus miembros hayan pasado de ser 18 a 22.

Al final, el argumento que definirá primacías será, por supuesto, el de los votos con los que cada bancada cuenta en el Congreso. Y no solo porque así están establecidas las cosas en el reglamento, sino porque, como se ve, las razones esgrimidas hasta ahora para hacerlo a partir de otro criterio son poco atendibles.

Preocupa, no obstante, que hasta ahora nadie haya traído a colación la idoneidad que, con prescindencia de la bancada a la que pertenezca, un determinado parlamentario podría ostentar –por formación profesional o por experiencia– para presidir una comisión: una labor para la que, a fin de cuentas, la especialización se presumiría deseable.

Pero si, como parece, esta consideración no va a ser tenida en cuenta a la hora de definir la presidencia o siquiera la incorporación de los legisladores a cada grupo de trabajo parlamentario, sería recomendable que, como ha sugerido la asociación civil Transparencia, se reduzca a partir de ahora la rotación de miembros dentro de los mismos, para que la mentada especialización deje de ser pronto una aspiración descabellada.