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El domingo en la noche el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el consejero presidencial en asuntos jurídicos del presidente Humala, Eduardo Roy Gates, salieron en distintos medios a intentar controlar una crisis gubernamental: la entonces procuradora Yeni Vilcatoma acusó al ministro de presionarla para favorecer al prófugo Martín Belaunde Lossio. El ministro, finalmente, despidió por televisión abierta a la procuradora y negó que existiese cualquier intención del gobierno de favorecer al mencionado señor.
¿Existen razones para pensar que la señora Vilcatoma perdió la razón y que decidió mentirle al país entero y arruinar su carrera para dañar al señor Figallo? ¿O, más bien, hay suficientes indicios para creer en su versión de que en las más altas esferas del gobierno se está tratando de proteger a Belaunde Lossio? Revisemos los hechos y usted, estimado lector, saque sus propias conclusiones.
Belaunde Lossio es una persona muy allegada a la pareja presidencial: fue su jefe de campaña en el 2006 y asesor en la segunda vuelta del 2011 (hecho negado por la señora Ana Jara cuando se conocieron las actividades ilícitas de este señor, pero que Víctor Isla después desmintió). Solo por esto, vale la pena anotar, si los Humala tuviesen en su historia algo que esconder, pocos lo sabrían con tanto detalle como su ahora prófugo colaborador.
El rol de Belaunde Lossio en la carrera de la pareja presidencial, sin embargo, no se limitó a temas de asesoría política. También fue financista del señor Humala, contribuyó con más S/.250 mil en la campaña del 2006. Asimismo, después de ese proceso electoral, el padre de Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Guzmán, le pagó US$51 mil a la señora Nadine Heredia por una consultoría sobre la palma aceitera, cosa que siempre llamó la atención a la opinión pública, pues no se trata de un tema en el campo de experiencia –las comunicaciones– de la hoy primera dama. Que en el pasado Belaunde Lossio fue generoso con los Humala parece ser un hecho objetivo.
Posteriormente, cuando el señor Humala ya había llegado a la presidencia, Belaunde Lossio habría aprovechado el nombre del presidente para tirar de varios de los hilos del poder. Por ejemplo, para lograr reunirse con parlamentarios a fin de obtener una ampliación del presupuesto del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y así obtener el financiamiento estatal de obras que luego ejecutó su propia empresa Antalsis (firma que también se habría adjudicado irregulares licitaciones en los gobiernos regionales de Lambayeque, Madre de Dios, Cusco y Huancavelica). Según el gobierno, todo esto habría ocurrido sin conocimiento de la pareja presidencial, lo que llama la atención tratándose de un colaborador y financista tan cercano.
Luego, cuando estalló el escándalo de las actividades presuntamente ilegales de Belaunde Lossio y el Congreso decidió intervenir formando una comisión investigadora, el oficialismo hizo intentos abnegados y desesperados –de la misma forma que actuó con la comisión que investiga el Caso López Meneses– para tomar el control de la misma y ser él que decida qué se investiga y qué no.
Más tarde, sabríamos de las sospechosas reuniones que estas últimas semanas han llenado las primeras planas. El ministro Figallo y Roy Gates se reunieron el 15 de mayo pasado con la procuradora Vilcatoma para supuestamente averiguar más del Caso ‘La Centralita’, en el cual Belaunde Lossio se encuentra involucrado. A esa reunión también hay que sumarle la que el ministro tuvo el 18 de julio con el fiscal Marco Huamán, a cargo del mismo caso; con la magistrada del Ministerio Público Rosario López, coordinadora de la Unidad de Protección de Testigos; y con Gustavo Quiroz, coordinador de las fiscalías anticorrupción. A lo anterior hay que agregar que, como evidencian los audios presentados por la ex procuradora, el ministro de Justicia mostraba un claro, insistente y extraño interés por saber si el prófugo amigo de los Humala se podía acoger a la figura de colaborador eficaz.
¿Qué tenían que hacer los señores Figallo y Gates conversando con las autoridades sobre este caso? ¿Buscaba el ministro influenciar a la procuradora como ella sostiene o se trataba de una inocente duda académica?
Al igual que lo que sucede con el Caso López Meneses, en esta oportunidad todas las flechas apuntan hacia una misma dirección. Por la gobernabilidad del país, aquellos a quienes las mismas señalan deberían ser los más interesados en que estos hechos se esclarezcan.
