Editorial: Argumento preparado

Hace dos días, el presidente Martín Vizcarra concedió una entrevista a Canal N. En esta, por fin se atrevió a decirle al país lo que realmente piensa sobre el proyecto Tía María, una posición que, hasta donde sabíamos, solo les había revelado “transparente y abiertamente” –para utilizar sus propias palabras– a las autoridades arequipeñas en una reunión privada. Pero para entender cómo llegamos a esta situación hace falta conectar algunos hilos.

Como se recuerda, entre julio y agosto pasados, la saga de Tía María dio tantos giros como una noria. Primero, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió la licencia de construcción del proyecto, el último requisito legal que le faltaba a la empresa para empezar con la obra. Sin embargo, un mes después, el Consejo Nacional de Minería –un tribunal administrativo adscrito al Minem– suspendió sorpresivamente el permiso de manera temporal alegando que tenía que resolver algunos recursos presentados en contra del mismo. Y dos días más tarde, se divulgó un audio de una reunión privada entre el presidente y las autoridades arequipeñas en julio del 2019, en medio de las protestas de algunos ciudadanos contra el proyecto.

¿Qué ponía en evidencia el clip en cuestión? Principalmente dos cosas. En primer lugar, que el mandatario ya tenía una postura sobre la construcción de Tía María, pero que no podía darla a conocer a la ciudadanía (“ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente”, les dijo a sus interlocutores). Y en segundo lugar, que antes de difundir su opinión debía ver la manera de ‘sustentarla’ (“sabiendo cuál es mi posición, que transparente y abiertamente se las he dicho, [hay que] buscar alternativas de solución. No podría ahorita yo salir y decir ‘voy a cancelar’ [la licencia], no. ¿Bajo qué argumento? O sea, tengo que preparar el argumento”). En pocas palabras, en ese momento quedaron pocas dudas de que el Gobierno, en realidad, ya había tomado la decisión de neutralizar el proyecto y que solo necesitaba alguna excusa para comunicar su resolución.

A partir de ahí, el Ejecutivo ingresó en una espiral retórica para evitar decir lo que siempre quiso decir. El jefe del Estado, por ejemplo, llegó a sostener de manera artificiosa que su gobierno no iba a impulsar Tía María “a sangre y fuego”. ¿Y quién había pedido lo contrario? ¿Por qué un proyecto que había cumplido con todos los requisitos que la ley estipula tendría que salir adelante a punta de pistola? Mientras que, por su parte, el primer ministro Vicente Zeballos afirmó que tendría que ser el OEFA (a saber, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) el que evaluase la viabilidad del proyecto. Es decir, el Gobierno subió a Tía María a la mecedora.

Así, llegamos hasta el último miércoles, cuando, en la entrevista ya mencionada, el presidente Vizcarra se sinceró sobre el tema. “En este gobierno no [irá], definitivamente, no hay forma, no hay dadas las condiciones [sic] y, por eso hemos dicho, si no se generan consensos, no vamos a forzarlos; pero hay otros proyectos que sí están saliendo”, contestó ante una pregunta de la periodista Mávila Huertas. Así, pareciera que finalmente el mandatario terminó de preparar el argumento que tanto necesitaba para atreverse a dar su opinión públicamente, a pesar de que su razonamiento luce, para ser honestos, poco convincente.

Y decimos esto no solo por el riesgo que supone como país dar el mensaje de que, para invertir aquí, no basta ya con cumplir lo que la ley ordena si es que no se logra alcanzar ese ‘consenso’ que solo el Ejecutivo es capaz de medir según estándares que solo él conoce, sino porque también queda el resabio de que lo dispuesto en la legislación se subyuga a los ánimos de la autoridad de turno y, peor aún, si es que hay de por medio algunos puntos de popularidad.

Nada inédito en esta administración, a decir verdad, pero no por eso menos lamentable.