Editorial: Abanico educativo

Este mes se presentaron los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), realizado por la Unesco. Los resultados demuestran que los alumnos de educación primaria en el Perú han mejorado en cuanto a comprensión lectora, ciencias y matemáticas con respecto al 2006. 

Pese a estas alentadoras noticias, no debemos perder de vista otros factores igualmente preocupantes. Por ejemplo, en el 2012 el gasto público en educación, como porcentaje del PBI, fue de solo 2,8%, mientras que el promedio de la región fue de 3,6%; y para fines de octubre de este año, solo se había ejecutado el 35% del presupuesto público asignado a este sector. Por otro lado, la tasa acumulada de abandono al último año de educación primaria creció de 10,3% a 26,3%, entre el 2006 y el 2013. Y, más alarmante es el hecho de que –según el Índice de Competitividad Global (ICG)– nuestro país se encuentra en el puesto 134 de 144 en calidad educativa y –de acuerdo con el Ministerio de Educación– 30% de los colegios no tiene electricidad, 74% no cuenta con Internet y 40% no tiene agua. 

No obstante estas cifras, hay que reconocer que este gobierno, como ningún otro, ha puesto especial énfasis en promover una reforma educativa. Para ello, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, está promoviendo la meritocracia y ha señalado la importancia de involucrar al sector privado con este proceso. En ese sentido, ha resaltado que existe una cartera de S/.250 millones en obras por impuestos y de S/.1.800 millones en asociaciones público-privadas (APP) para construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas. Sin embargo, ya que este mecanismo promete ser sumamente efectivo, el ministerio no solo lo debería aplicar a temas de infraestructura, sino también utilizar la herramienta a la gestión educativa (es decir, profesores y metodología de enseñanza), como ya se viene dando en los institutos tecnológicos superiores. Cabría preguntarse, ¿por qué un privado no se podría encargar de educar a nuestros hijos cuando el Estado lo ha hecho tan mal en las últimas décadas?

El tema de fondo es que no hay razón para creer que tiene que haber un sistema único de educación centralizada y dirigida por el Estado. La realidad es que cada niño tiene necesidades distintas y procesos de aprendizaje diferentes y, por ello, es necesario crear un marco institucional para que los privados puedan ofrecer alternativas de educación y así atender esas necesidades, mientras que el rol del Estado solo debería limitarse a asegurar estándares mínimos de calidad. 

Además del instrumento de APP para servicios educativos, otra opción que el gobierno debería explorar para atender esa demanda es el sistema de bonos o cheques escolares. 

Con ese modelo, se identifica a las familias de menores recursos y se les asigna una cantidad de dinero para que los padres de familia tengan la opción de escoger cuál es la mejor escuela para sus hijos (pública o privada) y no estén limitados a conformarse con escuelas estatales. Así, en caso una familia opte por una escuela privada cuya mensualidad exceda el valor del bono, los padres podrán completar la diferencia con sus ingresos. 

El trasfondo de este mecanismo consiste en que, en lugar que el Estado subsidie directamente a las escuelas públicas, se traslade el subsidio directamente a las familias. En pocas palabras, las escuelas públicas se verán forzadas a competir, a innovar y a elevar la calidad educativa, pues dependerán de los bonos escolares para financiarse y no desaparecer. 

El incremento del presupuesto para el 2015 refleja un claro compromiso del gobierno con la educación. Sin embargo, dado que el 70% de este presupuesto se financia con tributos es importante que mientras este no sepa gastar eficientemente ni brindar servicios adecuados, el gobierno debe explorar brindar un abanico de posibilidades a los padres de familia de acuerdo a sus necesidades para mejorar la educación de las próximas generaciones y apuntalar el crecimiento económico en el largo plazo.