Editorial 2: Sentados

Hace 37 días, el Gobierno Peruano declaró el estado de emergencia nacional con el objetivo de limitar la circulación de ciudadanos por las calles y, así, ralentizar la expansión del COVID-19, una enfermedad que al día de hoy ha cobrado la vida de 445 personas en el territorio nacional.

Desde que la decisión fue tomada, en línea con lo que se ha hecho en otros países, se hizo evidente que los principales afectados por esta medida serían aquellas personas que cubriesen sus necesidades básicas día por día, toda vez que no podrían salir a trabajar. Frente a ello, y con el objetivo de que los perjudicados no tuviesen que salir de sus casas, el Ejecutivo tomó una serie de acciones para que los hogares pudieran permanecer abastecidos, como la entrega directa de bonos y la transferencia de hasta S/200 millones a 1.874 municipios para adquirir y distribuir artículos de la canasta básica familiar a todos los vecinos que los requiriesen.

Ante estas circunstancias, resulta inquietante que, como dio a conocer la Defensoría del Pueblo, haya 411 municipios que no han utilizado el presupuesto que se les entregó.

Según informó el ente liderado por Walter Gutiérrez, el hecho lo pudieron conocer luego de que, a través del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, se constatara la ejecución presupuestal de 856 gobiernos locales y regionales de 12 regiones. En Lima Metropolitana, entre los distritos donde no se ha utilizado este dinero destacan San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, donde también se concentra la mayor cantidad de contagiados por coronavirus.

Si bien no es sorpresa alguna que el sector público muestre poca capacidad de gestión en circunstancias normales, en un contexto de emergencia como el que se vive no utilizar los recursos de manera oportuna es una expresión de desidia. Y el problema no solo afecta la alimentación de miles de familias, sino que puede terminar obligándolas a salir de casa a trabajar, lo que las expondría al virus.

Hoy más que nunca no podemos ser mendigos sentados sobre recursos valiosos y disponibles. Las municipalidades deben utilizar el dinero que se les ha asignado, hacerlo bien y rendir cuentas claras sobre ello.

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