Editorial 2: La campaña camuflada

El 29 de setiembre el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo marcó asistencia a una sesión del pleno cuando en realidad se encontraba en Huancayo, haciendo campaña por la recolección de firmas para el supuesto referéndum que abriría el camino hacia una asamblea constituyente. Con ello, se ganó una investigación de la Comisión de Ética del Legislativo que podría terminar en sanción, pero eso a él no parece preocuparlo.

“Me importa un pito si me castigan”, ha dicho ante la divulgación del hecho. Y luego ha agregado: “Me importa un pito lo que diga la prensa, pero si me suspenden vamos a recoger [firmas] todos los días”.

Su caso, además, no es el único en la bancada oficialista de aprovechamiento de las horas y recursos del Parlamento para el fin ya descrito. La semana pasada, la Unidad de Investigación de este Diario reveló que la representante por Ayacucho Margot Palacios organizó durante la semana de representación de setiembre una charla en Huamanga sobre el cambio de la Constitución, con ayuda del personal adscrito a su despacho. En esa ocasión, adicionalmente, se convocó a los jóvenes a la cita con el pretexto de brindarles información sobre el ingreso libre a la universidad, lo que nunca ocurrió.

La situación que presentamos es grave porque contraviene claramente lo que establece la Ley 27815, según la cual los funcionarios están prohibidos de “realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos”. Pero, como tan elocuentemente ha expresado el congresista Bermejo, esa circunstancia daría la impresión de tener sin cuidado a aquellos legisladores de Perú Libre que persistentemente incurren en esa práctica. A ellos el inaceptable cruce de la línea entre lo público y lo privado que supone la camuflada campaña que están llevando adelante con recursos que financiamos todos los peruanos se les antoja legítimo por alguna razón que no llegan declarar y sobre la que nos corresponde exigirles una respuesta.