Hace unos días se conocieron los resultados finales de las elecciones del pasado 26 de enero. Y, con ello, la distribución definitiva de escaños que tendrá la próxima representación nacional.
Por supuesto que la instalación de un nuevo Congreso –máxime cuando este luce bastante distinto al que lo precedió tanto en diversidad ideológica como en correlación de fuerzas– trae consigo una sensación de frescura que despierta optimismo entre la ciudadanía. Y esto no es solo una impresión. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 45% de consultados cree que el nuevo Legislativo será mejor que su antecesor (mientas que el 12% considera que será peor).
Según el mismo estudio, además, el 74% sostiene que el nuevo Parlamento debería ser “conciliador, dialogante” con el Ejecutivo y el 20% que, por el contrario, tendría que ser “confrontacional, crítico”. Por supuesto que una actitud no cancela necesariamente a la otra (se puede ser conciliador en causas legítimas sin perder la rigurosidad en la fiscalización, por ejemplo), pero las preferencias ciudadanas son claras: la mayoría quiere evitar la tirantez y aspereza que signó la relación del anterior Legislativo con el Gobierno.
En efecto, hay varios puntos en los que ambos poderes pueden trabajar acompasados. Uno de los apremiantes, quizá, es la reforma política que sentará las bases para los comicios generales del 2021 y que debe estar lista antes de que se convoque al proceso. Otra bandera que podría unirlos es la elección pendiente de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo trámite en el Congreso anterior levantó varios cuestionamientos, porque parecía patrocinar a personajes vinculados a ciertas tiendas políticas antes que seleccionar a los magistrados más idóneos.
Poco ayudan, en ese sentido, los proyectiles que ha disparado el Gobierno antes de que los congresistas siquiera asuman, como las declaraciones del ministro Morán anunciando que se removerá la seguridad a los parlamentarios o las del titular de la PCM, Vicente Zeballos, afirmando que podrían usar la cuestión de confianza para defender los decretos emitidos durante el interregno.
Ojalá que este año podamos tener la conciliación largamente prometida.