En la misma semana en la que la presidenta Dina Boluarte cumplió 100 días sin responder ante los medios, el Índice Chapultepec de la SIP –que mide el estado de las libertades de expresión y prensa en la región– arrojó dos conclusiones alarmantes sobre el Perú. La primera, que en el último año fuimos el país que registró el mayor retroceso en estas libertades en América Latina. Y la segunda, que hemos ingresado al grupo de países con “alta restricción” para ellas, a solo un escalón de la zona del silencio que habitan Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Lo más alarmante, sin embargo, es la rapidez del deterioro que el barómetro registra. Desde el 2021, el Perú perdió casi 34 puntos en sus mediciones y cayó del puesto 7 al 16. Un desplome del que son responsables directos tanto los gobiernos de Perú Libre (con Pedro Castillo y Dina Boluarte a la cabeza) como este Congreso, que ha sido particularmente imaginativo a la hora de formular iniciativas de ley para restringir la labor periodística.
Revisando únicamente lo ocurrido en los últimos 12 meses, en el Parlamento se presentó un proyecto para agravar las penas por los delitos de difamación y calumnia –pese a que uno muy parecido se había rechazado a mediados del 2023–, otro para sancionar a fiscales que tengan a su cargo declaraciones de colaboradores eficaces que terminen en la prensa –aun cuando no se pruebe que ellos hayan filtrado la información– y uno más para poner requisitos a quienes conduzcan programas periodísticos.
En el Ejecutivo, por otro lado, la cosa se pone peor. Entre una presidenta que se niega a declarar y pide luchar contra el “terrorismo de imagen”, un ministro del Interior que se la pasa amenazando con denunciar a los medios que publican reportajes en su contra, un vocero presidencial que conmina a la fiscalía a “actuar contra quienes pretenden alterar la verdad”, y un gobierno que se rehúsa transparentar la información sobre los desplazamientos del vehículo presidencial, tenemos una administración que ha hecho todo lo posible por poner trabas a la labor de la prensa.
Para quienes siguen los informes que mes a mes publica el Consejo de la Prensa Peruana sobre el estado de la libertad de expresión en nuestro país, lo advertido por el Índice Chapultepec no es una sorpresa. Sin embargo, debería preocuparnos a todos. A este paso, el país puede terminar recalando en el club de aquellos en el continente en los que la libertad de expresión prácticamente ha desaparecido. Y la historia ha demostrado que, una vez que se entra allí, no es tan fácil salir.