El gran chantaje

Si algún extranjero curioso pidiese un resumen de los principales problemas que empantanan el desarrollo del Perú, el reciente drama alrededor de la venta de entradas para Machu Picchu –con su microclima de corrupción, descentralización mal entendida, medidas violentas injustificadas, paralización de la economía, abuso del sistema de justicia, entre otros– ofrece una buena síntesis.

La tarde del 20 de enero, el Ministerio de Cultura (Mincul) puso a disposición del público los boletos de ingreso a Machu Picchu a través de la plataforma tuboleto.cultura.pe, administrada por la empresa Joinnus. Con ello, el primer atractivo turístico nacional se sumaba a otros como Kuélap, Chan Chan y las Líneas de Nasca disponibles en Tu Boleto desde el año pasado para modernizar el acceso y dar mayores facilidades a los visitantes. La iniciativa había sido programada en diciembre pasado, pero fue suspendida para, según el ministerio, “otorgar un breve tiempo de reconocimiento y familiaridad con la nueva plataforma, en atención a la demanda del sector turístico formal”.

Para entonces, sin embargo, las manifestaciones ya se habían iniciado, y la concesión de tiempo parece que no hizo mucho por amenguarlas. Esta semana, cientos de personas tomaron las calles del distrito de Machu Picchu y otras zonas de Cusco en protesta por el cambio. Las medidas de fuerza incluyeron el bloqueo de las vías del tren en el tramo Ollanta-Machu Picchu-Hidroeléctrica, con heridos en el trance. Las imágenes de turistas varados o caminando por la vía férrea han dado la vuelta al mundo.

La resistencia ha venido de diversos flancos. Gremios relacionados al sector declararon un “paro indefinido” en protesta por la “privatización” de Machu Picchu y el “centralismo” de la venta online. El Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu acusó “vicios legales insalvables” en el contrato con Joinnus, en tanto que la Comisión de Juristas del Cusco interpuso una denuncia penal contra esta misma empresa. El propio gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, criticó las acciones del Mincul.

Lo cierto es que detrás de las protestas, más que preocupación por la supuesta privatización de Machu Picchu (un argumento absurdo por donde se lo mire) o por formalidades del contrato con Joinnus, está el interés en seguir aprovechándose de fuentes de ingresos ilegales. De acuerdo con el Mincul, existiría un desbalance de S/8 millones en el sistema anterior de boletería a Machu Picchu, a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Además, operadores turísticos inescrupulosos, en coordinación con malos funcionarios, habrían estado forzando la estadía de turistas en Machu Picchu Pueblo con el argumento de que las entradas estaban agotadas cuando no era así (aumentando así la actividad de restaurantes, hoteles y otros negocios locales), y revendían boletos a precios superiores a los visitantes extranjeros. La venta de boletos a través de una plataforma como la propuesta por el Mincul ataca la falta de transparencia alrededor de esta venta de entradas, y corta de raíz la oportunidad de las mafias locales de seguir sacando provecho del turista y del desorden burocrático.

En realidad, el tejido de intereses oscuros alrededor del acceso a la ciudadela inca es enorme y siempre ha sido un escollo para modernizar el acceso. Arropados en nobles causas como la defensa del patrimonio nacional, malos empresarios y operadores locales han pasado décadas bloqueando intentos de mejora en la experiencia turística sobre un destino que pertenece, en realidad, a todos los peruanos. Este es otro capítulo de esa misma historia, una que –decíamos– resume bien la disfuncionalidad a escala nacional.

El Mincul no puede ceder a presiones violentas que dañan la imagen del país y ponen en riesgo la integridad de los visitantes nacionales e internacionales. Cualquier otra concesión del Gobierno –aun de uno débil como este– sería abdicar de sus funciones más elementales.