Investigaciones periodísticas de El Comercio concluyen que al menos nueve veces la PNP estuvo a punto de capturar a Vladimir Cerrón y, “extrañamente”, no lo consiguió.
Jorge Angulo, ex comandante general de la PNP, malamente pasado al retiro con excusas pueriles, acaba de explicar sus razones para sospechar que ello se debe a la protección desde las más altas esferas del Gobierno. Agrega: “Qué interés podría tener algún otro organismo [...] que no esté en el Gobierno [para] que no se le capture”.
En el más reciente fracaso, la PNP lo ubicó en una casa en Huancayo. Según el ministro del Interior, un retraso del juez explicaría dicha fuga. “Cuarto poder” desnudó la falsedad de esa versión. La PNP pidió la autorización la noche del sábado 14 de junio y poco después de la medianoche contaba con ella.
La historia de las demoras es marginal a la verdadera naturaleza del problema. En este tipo de operativos, es absolutamente necesario que la policía “centre” al objetivo. Es decir, que si el prófugo de la justicia sale de la casa, sea inmediatamente detenido. Esa es una práctica rutinaria que funciona en todas partes del mundo y que aquí formalmente lleva el nombre de ovise (observación, vigilancia y seguimiento).
En resumen, no habría forma de que Cerrón siguiera burlándose del país si se hacía lo que correspondía hacer, pero no se hizo.
Esto llevó a una humillación más a la policía, que sabe hacer su trabajo cuando la dejan. Peor aún, el actual comandante general, Víctor Zanabria, asustado de incomodar al poder y que lo echen a la mala como a su antecesor, le dio un golpe adicional a su magullada institución sosteniendo: “Ni siquiera el ministro del Interior sabía del operativo”. De lo anterior se colige que menos aún la presidenta y que los únicos culpables son los policías.
No solo en el Ejecutivo el “invisible” Cerrón parece conseguir lo que quiere, sino también en el Congreso. Su hermano y “defensor de oficio” Waldemar volverá a compartir la Mesa Directiva con Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País. Por cierto, ahora encabezada por Eduardo Salhuana, el más entusiasta defensor de la minería ilegal.
Lo que está ocurriendo ahora con Vladimir Cerrón es casi un calco y copia de lo que sucedió con el todavía prófugo Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, involucrado en múltiples casos de corrupción en la primera etapa del gobierno de la plancha presidencial de Perú Libre.
En su momento, el breve ministro Dimitri Senmache justificó que la policía no siguiese a Juan Silva cuando salía de una entrevista televisiva por no tener todavía formalmente la orden de detención, usando el peregrino argumento de que la policía no tenía atribuciones para seguir al personaje y “centrarlo” para detenerlo de inmediato cuando la autorización se emitiese.
Días después, una persona que quería cobrar la recompensa informó dónde se escondía Silva. Al equipo de intervención le dieron “por error” la dirección equivocada y entraron ruidosamente a la casa vecina. Regresaron al día siguiente y, en la firme, ya solo encontraron el pasaporte del prófugo Silva.
Dimitri Senmache fue merecidamente censurado como consecuencia de lo que hizo y dejó de hacer en el Caso Silva. En el Caso Cerrón, tengan la plena certeza de que ello no va a ocurrir. Es que les sería imposible contar con otro ministro del Interior cuya hoja de vida encaje mejor con los valores que priman hoy en el Congreso y en Palacio.
El mensaje que el poderoso Vladimir Cerrón transmite desde la clandestinidad es más que decidor: “Usted dedíquese a dar los santos óleos a la Diviac y no se distraiga, ministro, lo está haciendo bien”.