Venezuela: abogados demócratas, por Francisco Miró Quesada Rada

Allan Brewer-Carías, destacado jurista venezolano exiliado en Estados Unidos por oponerse a la dictadura chavista, envió a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional un desesperado e-mail sobre lo que está sucediendo en su país. En este les recuerda a los constitucionalistas peruanos que integran la asociación mencionada, promovida por Domingo García Belaunde y que actualmente preside Ernesto Blume: “Lo que está ocurriendo en Venezuela es la secuela del asalto al poder que se produjo a mansalva desde 1999 por grupos antidemocráticos controlados desde fuera de nuestras fronteras, que han usado los instrumentos de la democracia para destruirla. Como bien saben, ello lo vengo denunciando desde hace 14 años, lo que por supuesto me ha valido el exilio”.

Lo que dice Brewer-Carías es una sucinta descripción de las nuevas dictaduras que gobiernan en algunas naciones del continente, “usan la democracia para destruir la democracia”. Modalidad iniciada por Fujimori después del golpe que dio y concebida por Montesinos. La metodología es igual a pesar de las diferencias ideológicas de quienes la aplican. Una dictadura es eso y punto, viola las libertades públicas, la democracia y los derechos humanos. Y solo por eso, y nada más que por eso, debe ser condenada y combatida hasta que caiga. Claro, no es fácil y no sucederá rápidamente porque el dictador y su entorno utilizan la violencia y otros medios de presión contra su pueblo para mantenerse en el poder.

A su correo electrónico el jurista venezolano incorpora dos cartas. Una de Óscar Arias Sánchez, ex presidente costarricense y premio Nobel de la Paz 1987, y la otra de Asdrúbal Aguiar, quien –como Brewer-Carías– es también un destacado jurista del país llanero.

Como ambas cartas son largas –sobre todo la de Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que tanto los autoritarios de derecha como los de izquierda quisieran que no existiera), ex ministro de Relaciones Exteriores y ex ministro de la Secretaría de la Presidencia durante el gobierno de Rafael Caldera–, me limitaré a explicar solo ciertas ideas. 

Arias Sánchez, citando a Mahatma Ghandi (“ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”) y a Martin Luther King (“los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en un período de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Urge el momento en que el silencio se convierte en traición”), afirma, luego de hacer una crítica a la dictadura venezolana, que no se callará cuando se vulneran los derechos humanos, cuando se atenta contra la democracia. “He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad”, concluye.

Aguiar, el 12 de febrero, mandó un extenso texto a la OEA sobre la realidad venezolana, en donde, como se sabe, la prensa opositora está silenciada o acosada, según las estrategias del dictador Maduro. En ella le exige que aplique la Carta Democrática Interamericana, pedido que, tal como está de tibio este organismo internacional, dudo que suceda. También señala la acción represiva de los “colectivos populares”, el arresto injusto del precandidato a la Presidencia de la República Leopoldo López, del ex viceministro de Relaciones Exteriores y ex embajador de Venezuela en Colombia Fernando Gerbasi y del vicealmirante retirado Iván Carratú Molina. Igualmente recuerda la detención de estudiantes, las diversas medidas para acallar a la prensa independiente, la infiltración del Gobierno Cubano, los 23.000 homicidios que han convertido a Venezuela en el país más peligroso de América y uno de los más inseguros del mundo, el sometimiento de los otros poderes al autócrata Maduro, así como los graves actos de corrupción.

Los tres abogados mencionados forman parte de aquellos que ponen por encima el Estado de derecho sobre cualquier dictadura. ¡Qué diferencia con esos abogados que se olvidan de la ley y sirven a la dictadura de turno! De estos últimos hay muchos en el continente y, por supuesto, en el Perú, empezando por Montesinos.