Estando por llegar el décimo mes del año, se va asentando la sensación de un final anticipado. Con un trimestre aún por revelarse, en términos estrictamente políticos, es poco lo que puede moverse.
En el Ejecutivo, el liderazgo a cargo ha normalizado el comportamiento errático y carente de sentido de urgencia que se ha visto a lo largo del 2024. Algo que grafica esa inmovilidad es el serio estancamiento de la minúscula aprobación presidencial, sólidamente instalada, desde inicios de año, en cifras de un solo dígito.
Por su parte, el Parlamento continúa con una producción legislativa alejada de las necesidades reales del país y con acciones de control político poco eficaces y legislación que acrecienta su poder. La excepción es la reciente negativa para aprobar el viaje presidencial, aunque también podría quedar como una mera anécdota.
Sin una agenda mínima que establezca las bases para un entorno adecuado para la venidera renovación del liderazgo político del 2026 y con medidas que parecen constituir arrebatos autoritarios, los riesgos en esta esfera se mantienen altos.
El frente judicial, en tanto, permanece como una inagotable fuente de titulares. La ciudadanía espera que a las acciones preliminares efectistas de gran impacto mediático sigan sanciones claras, juicios y condenas incluidos. El más reciente episodio ha sido el culebrón en torno a Andrés Hurtado (Chibolín), que seguramente salpicará a prominentes figuras del quehacer político.
La arena electoral va mostrando algunos desarrollos que anuncian lo que podría verse en el 2026: conflictos al interior de las agrupaciones políticas, con liderazgos débiles, incluso en aquellas organizaciones más asentadas. El caso de Carlos Añaños y Perú Moderno no será el último en que anfitriones e invitados evidencien sus diferencias.
Con APEC por realizarse en pocas semanas, hay muy poco margen para cambios relevantes. La única definición importante será la aprobación del presupuesto del 2025, a finales de noviembre. Pero este paso es parte de la rutina anual, por lo que seguramente traerá pocas sorpresas.
Más bien, diversos asuntos pendientes evidenciarán las serias limitaciones de un Estado precario y de un Ejecutivo carente de recursos. Los casos más recientes los constituyen la desesperante pasividad frente a la inseguridad ciudadana y a los incendios forestales.
Ni siquiera las celebraciones del bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que le dio el nombre oficial al 2024, sacarán al país de la modorra que se ha instalado. Pasmo que, seguramente, se prolongará hasta abril del próximo año, cuando deban convocarse los comicios del 2026.
Para efectos prácticos, el 2024 va llegando a su fin prematuramente. Lo que resta del calendario anual lo constituirá una serie de insípidos trámites que se cumplirán sin mayores sobresaltos. Un trimestre que en breve se confirmará como un vacío político.