Usted abusó, por Andrés Calderón

“El derecho no puede amparar un resultado injusto o abusivo”. Recuerdo con nostalgia una de las frases con las que alguna vez me corrigió mi profesor de Introducción a las Ciencias Jurídicas, Félix Morales, en el primer ciclo de la carrera. También la rememoro con algo de amargura al verla despreciada por gastados constitucionalistas que hacen de la Carta Magna una plastilina al antojo del político que defienden. Parece que estuvieran entallándoles un chaleco salvavidas que también los rescate a ellos mismos de las profundidades de la obsolescencia.

Nunca un estudiante de leyes ha tenido tantos ejemplos de conductas abusivas como los que ha exhibido el Congreso en sus dos cepas, la del 2016 y la del 2020.

La más reciente es la decisión de una mayoría parlamentaria de avanzar, a trompicones y sobre la hora, con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). En el camino, eliminaron candidatos por no fedatear sus documentos –cuando ello no era un requisito–, ignoraron pedidos de reconsideración, y se burlaron de la ciudadanía (y postulantes) con unas entrevistas sencillamente vergonzosas y notoriamente interesadas. Aun así, llegaron al último tramo de la decisión y omitieron cumplir con dos requisitos mínimos previstos en el reglamento que ellos mismos habían aprobado: motivar las calificaciones que asignaban a cada aspirante y publicar dichos razonamientos.

Seguidamente, pasó lo que suele ocurrir en cualquier ordenamiento jurídico cuando uno de sus actores infringe la ley y actúa abusivamente… alguien respondió: “Basta ya”. Ese papel fue desempeñado, en esta ocasión, por otro poder del Estado, una jueza constitucional de primera instancia que les ordenó suspender el proceso hasta cumplir con los requisitos de motivación y publicidad. Para quienes no entienden (o no quieren entender) el sistema jurídico, que una jueza tenga tal poder puede parecer sorprendente. Pero lo que debería llamar más la atención es la creencia de que un poder del Estado (el Legislativo) pueda hacer uso y abuso de su potestad sin ninguna consecuencia. La contumacia, por supuesto, también tiene repercusiones. Y lo sabían o debían saberlo cada uno de los 87 legisladores que decidieron ignorar el mandato judicial, y que ahora enfrentarán una investigación fiscal por el delito común de desobediencia a la autoridad, que no distingue a padres o madres de la patria. Los congresistas podrán “hacer la ley”, pero nunca estarán por encima de ella.

Nadie discute que el Congreso tiene la potestad constitucional de nombrar a los integrantes del TC. No se puede abusar de aquello que no se posee. Pero que el Parlamento no puede elegir a los magistrados únicamente con la fuerza de los votos, pateando la ley y el tablero, también debería estar fuera de cualquier polémica.

Los episodios circenses de la semana pasada evocan, inevitablemente, aquel 30 de setiembre del 2019. Entonces, otra mayoría legislativa irreflexiva quiso atrincherarse en el hemiciclo, impedir una cuestión de confianza y luego burlarse de aquella “aprobándola” en el papel, pero rechazándola en los hechos al insistir en el cuestionado mecanismo de selección de tribunos. La prepotencia parlamentaria terminó siendo contenida por el Poder Ejecutivo con una disolución, posteriormente validada por el TC.

Pero incluso las tragedias traen moralejas, y si alguna debiéramos extraer de los últimos días de este nefasto quinquenio político es que los abusos no deben ser aceptados. De eso se tratan la separación y el balance de poderes. Y quien no está dispuesto a respetar dichos límites, y cree que puede vivir avasallando incesantemente a los demás poderes y organismos constitucionales, nunca debiera recibir una cuota de poder. Más temprano que tarde, terminaría abusando de él.