Uno de sus objetivos, declara la Comisión de Economía del Congreso en su dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones, es promover la competencia. La alta concentración del mercado –como todos sabemos, existen solo cuatro AFP– “genera incentivos para que estas empresas a menudo se confabulen” para aumentar los precios. Esta “situación de oligopolio” se debería a que la regulación actual crea “barreras para que otras entidades entren a competir con las AFP”. En vano buscará usted una prueba en las 230 páginas del dictamen de esas confabulaciones o una descripción de las barreras creadas por la regulación.
Lo que la comisión considera un oligopolio es el resultado del proceso competitivo en el mercado de las AFP. Cuando se creó el sistema privado de pensiones se formaron inmediatamente ocho AFP. Con el tiempo, algunas se fusionaron y quedaron cuatro. Cada vez que ha aparecido una nueva, ha desaparecido otra. El sistema ha convergido repetidamente a una estructura de mercado con cuatro AFP, como si fuera la ley de la gravedad.
La explicación no está en las barreras de entrada. La ley exige un capital mínimo de S/5 millones, una bicoca para cualquier entidad financiera del país o del exterior que quiera probar suerte. Media docena de exbanqueros experimentados en la administración de fondos lo podrían reunir sin pestañear.
Tampoco es un problema de economías de escala. Las carteras de crédito de algunos bancos son una fracción de los fondos que administra una AFP. Aun así, hay como 20 bancos en el mercado. Algunos iluminados sugieren que la centralización de los pagos y las cobranzas reducirían los costos operativos del sistema de pensiones y que, al reducirse los costos operativos, entrarían a competir más AFP. Pero si la centralización de procesos no es un requisito para que haya más competidores en el mercado bancario o en el de seguros, ¿por qué habría de serlo en el de las AFP?
La principal explicación para que no haya más de cuatro AFP parecería ser que el negocio no es superrentable, contrariamente a lo que sus detractores suponen. La rentabilidad promedio de las AFP no es mucho mayor que las de los bancos y las compañías de seguros (que no viven bajo amenaza constante de desaparición). En los últimos cinco años, la rentabilidad patrimonial ha sido del 21% para las AFP, 16% para los bancos y 15% para las compañías de seguros. Si excluimos el 2020 y el 2021, que golpearon particularmente a estos últimos dos grupos, las diferencias desaparecen.
No estamos en contra de que se les permita a los bancos y a las compañías de seguros administrar fondos previsionales, obviamente. En realidad, ambos ofrecen ya servicios de administración de fondos a clientes más o menos pudientes. La única diferencia con las AFP es que sus clientes pueden retirar sus fondos en cualquier momento. Pero no creemos que vayan a convertirse en competidores importantes en otros segmentos del mercado. Menos si, como propone el dictamen de la Comisión de Economía, se los obliga a constituir patrimonios independientes, lo que, en la práctica, equivale a constituir una AFP en su interior.