¿Qué filtros debemos usar para que no vuelva a ocurrir que se admitan a docentes títulos falsos para trabajar en colegios?

“Debemos implementar filtros estrictos y en varias dimensiones para validar los títulos y antecedentes de los postulantes a docentes”.

La educación en nuestro país se ha visto sacudida recientemente por un lamentable escándalo de docentes que lograron ingresar a colegios públicos con títulos falsos, engañando a la UGEL de Ventanilla. Esta situación no solo pone en peligro la calidad de la educación que reciben cientos de nuestros niños y jóvenes, sino que también socava la confianza en el sistema educativo y pone de manifiesto la necesidad de implementar controles adecuados para verificar la idoneidad de los docentes.

Si queremos evitar que se repitan estos sucesos que atentan contra la meritocracia y la calidad educativa, debemos implementar filtros estrictos y en varias dimensiones para validar los títulos y antecedentes de los postulantes a cargos docentes.

Los mecanismos correctivos deberían abarcar varios niveles:

El primero es mejorar los procesos de verificación. Como ente rector, el Ministerio de Educación debe establecer mecanismos rigurosos y eficientes para verificar la autenticidad de los títulos presentados por los docentes. Para ello, se podría implementar como medida la digitalización y centralización del registro de los títulos entregados por los institutos superiores pedagógicos, lo que permitirá una verificación más rápida y precisa de los antecedentes educativos de los docentes. También, implementar una base de datos nacional de carácter público que incluya los títulos y certificados digitales de todos los egresados de educación superior, vinculables al documento nacional de identidad, lo que permitiría validar los títulos de forma transparente y efectiva.

Segundo, fortalecer la formación inicial y el servicio docente, ya que como país nos merecemos una educación de calidad, que requiere invertir en el licenciamiento de los institutos superiores pedagógicos y artísticos, además de desarrollar la acreditación de los programas de formación de los profesores; también, el desarrollo de la evaluación continua que permite identificar y trabajar para superar las debilidades en la formación docente; además, es importante la promoción de la investigación y la innovación educativa para fomentar la actualización y el desarrollo profesional de los maestros, así como la generación de conocimiento en el campo educativo.

Tercero, sancionar ejemplarmente a los que cometieron el delito de presentar títulos falsos, como también a las autoridades y funcionarios que por negligencia admitieron estos. Sin responsabilidad efectiva es improbable un cambio de actitudes.

Las autoridades educativas están en deuda en lo que respecta a ejecutar medidas concretas que devuelvan la confianza en el sistema y aseguren la meritocracia y la calidad de la educación.

“Está en juego el derecho de nuestros estudiantes y de los docentes en formación”.

Ayer fue el Día del Maestro y hace pocos días nos golpeó una noticia ingrata: la identificación de un conjunto de personas contratadas como docentes con títulos falsos. Esta situación ha puesto un velo de sospecha sobre la idoneidad de los más de cien mil docentes que hoy se encuentran en condición de contratados. El escándalo ha alentado voces que exigen “revisar los títulos de todos los docentes”, un reclamo desproporcionado e injusto para todas las personas que han abrazado la docencia y trabajan con honestidad, esfuerzo y compromiso. No obstante, esto no niega que estemos frente a un problema grave (uno más) que afecta el derecho a la educación de nuestros más de seis millones de niños, niñas y adolescentes que estudian en una institución educativa pública, además de dañar, indirectamente, la imagen de los buenos maestros y maestras.

La pregunta del millón es quién se hace responsable. Desde el punto de vista normativo, las direcciones regionales de educación (DRE) están encargadas de “visar y registrar en el Registro de Títulos Profesionales los títulos otorgados por los IESP y los ISE en carreras pedagógicas”, y luego deben reportar al Minedu (22ª disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley 30512). Y acá una primera sorpresa: el registro del Minedu (https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe) cuenta con información de los títulos y duplicados de las instituciones de educación superior pedagógica (IESP) solo de los años 2015 y 2016. Es decir, del 2017 a la fecha, el Minedu no cuenta con la información que permitiría, entre otros beneficios, mejorar los filtros del proceso de contratación docente en los niveles básico y superior desde el momento de la postulación, rendir cuentas y, eventualmente, realizar procesos aleatorios de verificación. Contar con información actualizada es una condición esencial para que el Minedu cumpla su responsabilidad como ente rector; por eso, es indispensable que las DRE cumplan con remitir la información pendiente desde el 2017 en adelante.

El Minedu tendría que identificar qué circunstancias están limitando a las DRE en el cumplimiento de su reporte (¡seis años de demora deben tener una explicación!). Su rol rector no es solo normar y supervisar, sino también –principalmente– generar condiciones. Abandonemos la ilusión de que basta con normar para que la realidad se transforme; hay que generar condiciones en términos de capacidades, recursos, herramientas y apoyo logístico. Esto en el corto plazo. A futuro, habría que crear un sistema único informatizado que haga más eficiente y sostenible la actualización de la información. No es imposible: dentro del Minedu ya hay una dirección encargada de normar y supervisar a los institutos de educación superior tecnológica que cuenta con un mecanismo similar, así como la Sunedu lo hace con los títulos de las universidades.

Está en juego el derecho de nuestros estudiantes y de los docentes en formación. Ponerse en esa ruta será una acertada manera de rendir homenaje a nuestros buenos docentes, que son la mayoría.