Con una campaña que no llegó a despertar el interés de los votantes, este domingo asistiremos a las urnas para elegir nuevas autoridades regionales y municipales. Una vez más, sin embargo, la política nacional ha demostrado no estar a la altura del reto al que se enfrenta. Pero, como de todo se puede aprender algo, existen unas reflexiones que vale la pena dejar por escrito para ver si, de acá a cuatro años, no repetimos la misma situación de estos meses.
En primer lugar, la campaña reveló que la gran mayoría de candidatos no parece prestarle mucha atención a sus propias propuestas. Así como ocurrió en las elecciones presidenciales del 2021, los planes de gobierno han pasado a ser un simple requisito con el que se tiene que cumplir para participar. Lo que está escrito en ellos es fácilmente ignorado porque es leído apenas por algunos curiosos. Tanto es así que son pocos los electores que pueden asociar una idea con un candidato en particular.
Para muestra, basta ver el caso de Lima. ¿Podría identificar qué candidato quiere revivir la idea de implementar un ferrocarril para abastecer al mercado mayorista? ¿Quién busca crear corredores comerciales para reubicar ambulantes? ¿Cuál quiere obligar a que los motociclistas usen cascos y chalecos que muestren su número de placa?
Sin revisar los planes de gobierno, uno no se entera de esas cosas, porque los postulantes han guardado silencio sobre propuestas que difícilmente se considerarían omisibles. Y es que, luego de presentado el documento, muy pocos se preocupan por hacerle seguimiento a esas ideas. El tema es que esa no es solo tarea de los candidatos. También es responsabilidad de la ciudadanía averiguar qué es lo que propone aquel postulante que pide su confianza y quiénes lo acompañarán para cumplir sus promesas.
La segunda reflexión está amarrada a la primera. Si no se toman en serio los planes, entonces podría no existir relación entre lo que propone una organización política y lo que puede terminar diciendo un candidato en su afán por captar algunos votos. Y en esta aventura, muchos incluso ignoran los límites del cargo al que postulan. ¿Asumir la gestión de Sedapal? ¿Reformar las funciones de la ATU? Nada de eso sería viable para el alcalde de Lima, por ejemplo.
En esa línea, tampoco hay mayor relación entre lo que plantean algunos aspirantes y la situación específica de la localidad en la que postulan. Un informe de este Diario preparado por Jorge Falen da cuenta de que, en los seis departamentos con mayor inversión minera en el país (que en total acumulan el 85% de la cartera de proyectos disponibles), el 35% de los planes de gobierno omite estrategias para impulsar la actividad minera y el 55% no contempla medidas para reducir la conflictividad social. Para esos candidatos, estos temas no serían tan relevantes (y eso que el Instituto Peruano de Economía estima que la inversión minera caería 18% en el 2023).
Suena increíble, pero son más de 13 mil las autoridades que serán elegidas este fin de semana. Y partiendo de la experiencia actual, en la que todos los gobernadores regionales elegidos en el 2018 enfrentan investigaciones activas en el Ministerio Público, habría que prender una velita para que el resultado sea mejor que eso. Aunque la verdad, viendo que en la línea de partida hay 89 aspirantes a gobernadores y vicegobernadores con investigaciones por corrupción, creo que se necesitará de un cirio bastante grande para ello.