Plata como cancha para todos, por Alek Brcic Bello

Hace un par de semanas, el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Presupuesto 2022, en una jornada considerada por el ministro de Economía Pedro Francke como un logro “bastante importante”. Ahora, según lo dispuesto por los parlamentarios, el sector público contará con S/197 mil millones para cubrir sus gastos el próximo año, lo que implica un incremento del 7,6% respecto de este año.

Con la cancha pintada y la ley publicada, valdría la pena entonces revisar qué es lo que han aprobado los padres y madres de la patria. Porque, más allá de los bonos y subsidios que anuncia el presidente Pedro Castillo en cada plaza que visita, la disposición de recursos autorizada por el Legislativo incluye gastos que bien podrían hacer que le pique el ojo o le hinque el hígado a cualquiera que le interesen las finanzas públicas.

Así, por ejemplo, entre las muchas disposiciones del documento, el Congreso consideró prudente aumentar su propio presupuesto en S/230 millones. Y es que, mientras en el 2021 ese poder del Estado dispuso de casi S/650 millones para sus gastos, el próximo año contará con más de S/879 millones.

¿Y por qué ese cambio? Más que nada, porque desde el Legislativo decidieron pasar a sus trabajadores CAS al régimen 728, que cuenta con mayores beneficios económicos. Es decir, quisieron hacer efectiva aquella irresponsable norma aprobada por el anterior Parlamento que Servir les señaló que aumentaría los costos de la planilla estatal en un 28% y que apenas unos días atrás el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.

¿Y cuál será el costo de esa decisión? Como para hacerse una idea, según cálculos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Congreso, solo para cubrir las demandas de recursos en personal y obligaciones sociales, ese poder del Estado requiere ahora de S/143,1 millones adicionales.

Pero ellos, por supuesto, no son los únicos que han visto en la ley de presupuesto una oportunidad para repartir los recursos del sector público a su antojo. Por el lado del Ejecutivo, uno de los primeros anuncios tras la aprobación de la norma ha sido que destinarán S/1.000 millones “para cumplir con el pago de la deuda social a los maestros del sector educación”, lo que se suma a los S/200 millones transferidos para el mismo fin en agosto.

Y eso no es todo. En la ley también están incluidas particularidades como un “Bono Excepcional Anticorrupción” de S/2.400 mensuales para fiscales provinciales y una bonificación de S/8.370 para los inspectores de la Sunafil. Además, se ha considerado un pago extra de S/350 para los pensionistas de la ONP y para aquellos inscritos en el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. Solo esa medida costará S/203 millones.

Con todo lo anterior, queda claro a qué se refería Francke cuando indicó hace unos días que descartaba reducir el gasto público como estrategia para disminuir el déficit fiscal. Más bien, según señaló en un evento organizado por Moody’s, en lo que se apoyará es en una transformación del gasto a mediano plazo y en un incremento de los ingresos tributarios.

Sobre este último punto, si bien es cierto que la recaudación alcanza cifras récord desde hace meses (en noviembre fue un 43,4% mayor que en el mismo mes del 2019), eso no justifica los gastos superfluos aprobados en el presupuesto para el próximo año. Mucho menos cuando el déficit fiscal y la deuda pública todavía están lejos de alcanzar un nivel óptimo.

Y menos aún cuando el Ejecutivo le viene haciendo un flaco favor a la tarea de mantener las cifras de recaudación con ese ritmo de crecimiento. Esto lo tienen claro grandes contribuyentes como Antamina, Hochschild o MMG, que han visto sus operaciones afectadas por la desidia del Gobierno mientras en el mercado internacional los precios de los ‘commodities’ están altísimos.

Así las cosas, si es que el plan de austeridad del Ejecutivo se limita a decir que intentarán vender el avión presidencial o que se utilizarán menos los teléfonos mientras confían en aumentar la recaudación, quedan pocas opciones para cuidar la caja fiscal. Lo que sí queda claro, sin embargo, es que el Congreso, con sus S/230 millones adicionales, no es una opción.