Justicia y daño colateral

Este último año, hemos escuchado hablar con mucha frialdad en el plano geopolítico sobre qué constituye un “daño colateral” aceptable en el bando opuesto cuando uno persigue una causa que considera justa. Cuando caemos en el “todo vale” o “a cualquier costo”, podemos convertirnos en una versión no tan lejana de aquello que supuestamente estamos combatiendo.

Yo estoy entre los que no encuentran escenarios –reales o hipotéticos– en los que se pueda aceptar ciegamente que “el fin justifica los medios”. Es sencillamente una frase demasiado peligrosa que puede llevar a que, inadvertidamente, uno pierda el control sobre su propio compás moral.

Pienso mucho en esto a propósito del rol histórico que le ha tocado jugar al Ministerio Público al procesar judicialmente a muchísimos políticos encumbrados que tienen acusaciones muy serias de corrupción, uno de los cuales, Alejandro Toledo, fue sentenciado esta semana.

Aprecio la valentía con la que el Ministerio Público se ha conducido en muchos de estos procesos y deseo, como cualquier ciudadano, que quienes han entrado a la política a cometer o apañar crímenes enfrenten a la justicia más temprano que tarde.

Pero identifico también en la fiscalía decisiones –varias– en las que parece haber actuado con una lógica de “el fin justifica los medios” muy difícil de aceptar. Un caso muy notorio, afortunadamente ya resuelto por un juez esta semana es el de José Luis Bernaola, el chofer de Pedro Pablo Kuczynski, que súbitamente se vio implicado en una acusación por lavado de activos contra su jefe, con el aparente objetivo de forzar la aplicación de la figura de organización criminal contra este último.

Algo parecido ha ocurrido en el caso de Toledo, sobre el que para mí resulta absolutamente indubitable –por la evidencia revelada por la propia fiscalía a lo largo de su juicio– que pidió y recibió sobornos. Sin embargo, no parece haber ni de cerca la misma contundencia probatoria respecto de la responsabilidad penal individual de los exfuncionarios de Pro Inversión Alberto Pascó-Font y Sergio Bravo, pero era funcional a los intereses de la fiscalía imputarle a Toledo el delito de colusión en lugar del de cohecho y, para eso, necesitaba incriminar a Pascó-Font y a Bravo.

Otro caso que podríamos mirar con igual ojo crítico es el del expresidente de Confiep Ricardo Briceño, implicado en el Caso Cocteles, que involucra a Keiko Fujimori. Las imputaciones contra Briceño han ido alterándose en el tiempo para terminar en un alegado fraude a la persona jurídica cuya víctima, la propia Confiep, dice que este nunca ocurrió. Pero, nuevamente, esto es funcional a la estrategia de la fiscalía, que necesita delitos fuente para condenar por lavado de activos.

Uno podría decir que esta misma lógica de “el fin justifica los medios” –siendo el fin hacer caer a los políticos más encumbrados– es lo que ha justificado en la fiscalía el ser insólitamente concesivos e indulgentes con quienes está fuera de duda de que han cometido delitos, como los ejecutivos de Odebrecht y, en general, la parte corruptora en varios de estos casos que comprometen a políticos.

Esta es una crítica constructiva al Ministerio Público como institución. Mi anhelo es que cumpla exitosamente su rol de luchar contra la impunidad, sobre todo contra aquellos que han tenido mucho poder y han defraudado a la ciudadanía. Pero, de todos los ámbitos posibles, el de la justicia es donde más enfáticamente debe rechazarse cualquier lógica de daño colateral que exponga a inocentes a ir a la cárcel para facilitar la condena de quien sí pueda merecer ese castigo. En el trabajo de un fiscal, ningún fin justifica cualquier medio.