Los alcaldes

Salvo el poder, todo es ilusión, Lenin dixit. Qué mejor ejemplo que la administración y el acceso al poder en el Perú. En nuestro país existen 196 municipalidades provinciales y 1.694 distritales, órganos de gobierno local dirigidos por un alcalde encargado de fomentar las inversiones, promover el desarrollo local, regular el transporte, ejecutar proyectos y obras de infraestructura y atención de salud primaria y educación. Pero esto rara vez ocurre.

Por un lado, muchas de estas instituciones plagadas de corrupción imponen barreras al libre desarrollo de la inversión privada (coimas, contratos indebidos, autorizaciones ilegales). Mientras que, por el otro, la priorización y ejecución de obras de infraestructura no responden a las necesidades urgentes de su población, ni tienen la calidad debida porque responden a intereses ilegales. Hay alcaldes que llegan al poder para hacer negocios indebidos. En otros casos no tienen la capacidad para enfrentar a las mafias que operan en su localidad.

Los alcaldes son elegidos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven y trabajan en sus distritos. Y es que los ciudadanos dependen de estas autoridades para un sinnúmero de actividades. Desde la autorización para construir o ampliar una casa, acceso a agua y saneamiento, el cuidado y mantenimiento de pistas, veredas y parques, seguridad y hasta para garantizar la convivencia pacífica de los vecinos. Los ciudadanos financiamos a las municipalidades a través del pago de arbitrios, el impuesto predial y las tasas que pagamos por trámites y licencias; mientras que las empresas dependen de las municipalidades para operar. Toda empresa que tenga una oficina o local comercial debe tener una licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad y los proyectos de inversión en infraestructura deben ser aprobados, también, por los gobiernos locales. Es así como los alcaldes pueden atraer inversiones hacia su distrito, o crear barreras para estas a través de la sobrerregulación y la corrupción.

Las municipalidades regulan las actividades comerciales, por ejemplo, a través de los requisitos que debe cumplir una bodega, un restaurante o una peluquería para poder atender al público. Pero toda persona y empresa necesita de predictibilidad de la ley. ¿Qué significa esto? Los ciudadanos, por ejemplo, confiamos en que el Estado garantizará la libertad económica, por eso muchos deciden invertir sus ahorros en abrir una tienda o un restaurante y obtienen un crédito para cubrir el capital que les falta para operar su negocio. Parte importante de sus ingresos será destinado a pagar este crédito. Este ciudadano convertido en empresario confía en que generará ingresos y podrá pagar el crédito porque tendrá clientes que vendrán a comprar sus productos o a comer en su restaurante. Al invertir, contribuye a que se dinamice la economía, generando puestos de trabajo directos e indirectos, lo que incluye a sus proveedores. Así se desarrolla la economía de un país. A mayor inversión, mayor generación de riqueza, trabajo, impuestos y bienestar.

Para lograrlo, los peruanos necesitan confiar en que las reglas de juego están garantizadas. Para abrir su local, nuestro empresario debió obtener diversas licencias y autorizaciones (siguiendo la regulación de la municipalidad de su distrito), lo que implica incurrir en gastos para acondicionar el local y cumplir con las normas. ¿Pero qué sucede cuando, meses más tarde, los gobiernos locales comienzan a cambiar la regulación? Pues se generan costos adicionales. Si la municipalidad decide, por ejemplo, cambiar la regulación sobre el tipo de pisos, el grosor del vidrio de las vitrinas o el sistema de aire acondicionado, nuestro empresario deberá hacer una nueva inversión para cambiar lo que ya existía y que fue aprobado en su momento. Eso implica un gasto imprevisto.

Estos cambios ocurren con mucha frecuencia, sobre todo cuando los nuevos alcaldes asumen sus cargos. Y muchos de los cambios en la regulación no tienen sentido. Aumentan los costos de transacción, pero no generan beneficios a los consumidores. Y responden a la ignorancia de los funcionarios o a la corrupción.

Los alcaldes pueden convertirse en una gran barrera para los ciudadanos, las empresas y el desarrollo de sus distritos. Necesitamos velar por que esto no ocurra. ¿Cómo? Involucrándonos en temas municipales y denunciando cada intento de chantaje, de coima y de abuso, por más pequeño que sea.