Las pruebas y las dudas

“Nunca tuvimos tantas pruebas y testimonios sobre la corrupción en el poder”, afirmó Fernando Vivas el miércoles en esta página. La fiscalía cuenta con seis colaboradores eficaces, dos testigos protegidos y 29 testigos más; en total, 190 materiales probatorios en contra del presidente Pedro Castillo, y se van sumando más. “Son solo dichos”, replican sus defensores, y el Gobierno sigue sin caer. Pero, incluso cuando en un país con baja confianza interpersonal un testimonio pesa en la práctica menos (“es tu palabra contra la mía”), no son –pues– solo dichos. Es un principio del derecho procesal que la prueba se evalúa en su conjunto –todos los testimonios, pero también, por ejemplo, los billetes contantes y sonantes en el baño– para determinar si la hipótesis, o su alternativa, resiste análisis.

El problema es que las personas a cargo de ese análisis tenemos sesgos, conveniencias y creencias. Una muy arraigada en el Perú es que cualquier cosa es preferible al fujimorismo. De hecho, ella explica en parte que tengamos al presidente que tenemos. El origen remoto de la creencia es tal vez el ‘dictum’ del politólogo Steven Levitsky en la campaña del 2011: “Sobre [la vocación autoritaria de] Humala tenemos dudas, de Keiko hay pruebas”. Aunque no adherí a ese razonamiento, en su momento, reconozco ahora que Humala no fue autoritario, y en cambio Keiko sí abusó de su poder (parlamentario, entre el 2016 y el 2019). Pero ese eslogan –convertido en sentido común– hoy no ayuda a la salida de esta crisis, porque claramente Pedro Castillo es peor, pero además viola la “regla de oro” moral que comentaba ayer, también acá, el filósofo Alonso Villarán: debo juzgar casos similares de manera similar.

Las cosas están bien o mal, independientemente de quién las haga o a quién beneficien, pero muchos de los que hoy dicen que no hay pruebas contra Castillo defienden a rajatabla la sentencia contra Alberto Fujimori, que lo condenó por los delitos más graves –La Cantuta y Barrios Altos– sin pruebas ni dichos, sino por un mero silogismo: “si era presidente, tenía que saber” (teoría de la autoría mediata por dominio del aparato de poder). Como se recuerda, no hay documento, audio, video, o siquiera testimonio (ni de Matilde Pinchi, ni de Santiago Martín Rivas, ni de nadie) que sindique a Fujimori como autor de la orden de ejecutar dichas matanzas. Escribí sobre la sentencia en ese entonces: “Falla, por tanto, la justificación del párrafo 658: ‘entre el hecho indiciario o indiciante y el hecho consecuencia o delictivo ha de existir […] una absoluta armonía, que permita efectuar la inferencia sin ninguna otra posibilidad alternativa razonable’. En este caso, la otra alternativa razonable es que Montesinos haya actuado sin consultar previamente a Fujimori... ¿Cuál prueba sería aceptable, suficiente, entonces?... un testimonio consistente (o más) de alguien que haya ganado credibilidad procesal (por la posterior corroboración fáctica de sus demás dichos) sosteniendo haber escuchado de primera mano la orden”. Esto que escribí en “SEMANAeconómica” el 2009 que no se cumplía para Alberto Fujimori –considerándome antifujimorista–, claramente sí se cumple hoy para Castillo.

Si bien la objetividad es imposible en el ser humano, sí es esperable y exigible la honestidad intelectual, sobre todo la de quienes son gravitantes en los asuntos públicos –jueces, políticos, periodistas y ciudadanos informados–. Ella supone la apertura a ser convencido por la evidencia, más allá de si coincide con las creencias propias previas. Una buena medida de honestidad intelectual es la frecuencia con que alguien es capaz de reconocer que una contraparte política o intelectual puede tener razón en ciertos extremos. Como, en mi caso, Fujimori sobre las imputaciones comentadas, o Steven Levitsky respecto de Humala.

Pero quienes aún defienden a Castillo aplican una valla probatoria distinta para él que para sus adversarios, y parecen creer que ciertas cosas están mal solo si las perpetran dichos adversarios. Y en la derecha hay quienes defendían, por ejemplo, que la vacancia era una mera cuestión de votos –más allá de la causal invocada como incapacidad moral–, y no se dan cuenta de que eso es lo que mantiene a Castillo en el poder, porque no hay votos, aunque claramente ha incurrido en causal. Honestidad intelectual –'regla de oro’– es lo que falta a gritos.