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Si sabe leer, lea. Me refiero a la Ley 30364, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Ollanta Humala el 23 de noviembre pasado. El título lo dice todo: “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”.
El grupo tutelado incluye a las mujeres “por su condición de tales” [sic] y a los integrantes del grupo familiar. Los miembros del grupo familiar abarcan a los cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes, parientes colaterales y a quienes vivan en la misma casa sin ser familiares. Léase, todos los peruanos.
La violencia que se espera prevenir, sancionar y erradicar es física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, la cual incluye la pérdida de su DNI o el atropello de su gato. En la casa, en la calle, en todos lados.
Si usted suma todas las partes, ámbitos y alcances, se trata en realidad de una ley contra todo tipo de violencia que afecte a todos los peruanos. Una ley universal, digamos, como las de Newton.
Cualquiera diría, entonces, que es una reiteración del Código Penal. Más algo del Código Procesal Penal. Sí, pero también se parece a la ensalada rusa que le quedó de Navidad. Se ha agregado un sistema nacional de prevención y sanción, una comisión multisectorial, un observatorio nacional y un centro de altos estudios contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
El centro es de tan altos estudios que tiene como objetivo “contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través de un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento de los operadores en el rol que les compete en la lucha integral contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto”.
Del seno de esta norma brotan igualmente responsabilidades para los ministerios de la Mujer, de Educación, de Salud, del Interior, de Trabajo, de Transportes y Comunicaciones, de Economía, de Relaciones Exteriores y de Defensa (“incorporar lineamientos educativos de las fuerzas armadas sobre la violencia contra las mujeres y el grupo familiar”).
En medio de este gigantesco ‘langoy’ de aspiraciones galácticas e imperativos desordenados, no falta un ‘cul-de-sac’ para crear nuevos derechos laborales.
El trabajador afectado por alguna de estas clases y grados de violencia no puede ser despedido por estar involucrado como víctima. Puede además llegar tarde a la chamba 30 días al año. Más aun: si la cosa deviene en juicio, el juez puede disponer se le otorgue hasta cinco meses de licencia. Y la empresa tiene que guardarle el sitio hasta que se reincorpore.
Como la norma incluye a todas las cosas tipificables como violentas, esto significa un mes de tardanzas al año si a alguien se le pierde su celular (“violencia patrimonial”) y asienta su denuncia en la comisaría. O la imposibilidad de despedir a un mal empleado si el vecino le rompió su camiseta del Barza.
Véalo así: usualmente hay normas regularonas, otras con puras buenas intenciones y algunas más que son un saludo al pabellón nacional. Esta es de las peores mezcolanzas que ha producido la representación nacional. Un mamarracho en técnica legislativa.
La firma primero Luis Iberico. Check. En segundo lugar, Natalie Condori. Check. Luego el inefable don Ollanta Humala. Recontracheck. Finalmente, don Pedro Cateriano. ¡Plop!
