El Perú camino a la OCDE… y al despeñadero

Desde hace varios años, el Perú viene haciendo esfuerzos por completar el proceso de admisión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad compuesta por 34 países cuya finalidad es homogenizar políticas para asegurar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de los países que la integran.

El proceso de admisión es complejo y largo, pues es necesario demostrar que el país candidato tiene instituciones sólidas, respeta la independencia de poderes, protege la santidad de los acuerdos y contratos, posee trayectoria de una economía bien manejada y abierta al mundo, ofrece igualdad de oportunidades, vive en democracia, entre otros. Es decir, que se trata de un país estable, predecible y que respeta los derechos de propiedad y los derechos sociales de sus ciudadanos. En nuestra región, solo México y Chile integran este selecto grupo. Cada cierto tiempo podemos ver en el Diario “El Peruano” autorizaciones de viaje de funcionarios que acuden a seminarios o reuniones vinculadas con este proceso. ¿Dónde se celebran estos eventos? Pues nada menos que en París. Por lo demás, nuestros impuestos suelen solventar estos gastos.

Pues bien, nada menos que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el canciller Javier González-Olaechea se encuentran por estos días en París para participar en eventos “al más alto nivel” vinculados a nuestra adhesión a la OCDE. Bueno, en la mochila estas altas autoridades llevan algunos eventos recientes que difícilmente podrán soslayar. Al alimón, deberán responder sobre, primero, ¿cómo es esto de la guerra fratricida que hoy sostienen diversas instancias del Ministerio Público? ¿No es que la fiscalía es la titular de la acción penal en el Perú? ¿No es que su función es precisamente asegurar que los delitos que se cometen sean sancionados conforme a ley? ¿Cómo pueden estar denunciándose penalmente entre los propios miembros de la fiscalía?

En segundo lugar, ¿cómo es posible que el Congreso esté buscando destituir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC)? ¿No es que los miembros del TC han sido precisamente elegidos por el Parlamento por su trayectoria, experiencia profesional e idoneidad? ¿Puede el Congreso extender sus tentáculos hacia el TC con argumentos bastante discutibles? ¿No es precisamente el TC quien hace las interpretaciones de lo que es factible o no desde el punto de vista constitucional?

En tercer lugar, ¿cómo es posible que un contrato firmado al amparo de la Constitución, específicamente de su artículo 62, sea alterado por el TC existiendo un mecanismo de resolución de controversias en el propio contrato? Dado que esa controversia fue resuelta a través de arbitrajes internacionales, como prevé el propio contrato, ¿cómo es posible que no se quiera dar cumplimiento a los laudos fallados a favor de una de las partes por tribunales arbitrales internacionales?

En cuarto lugar, ¿cómo es posible que una autorización extendida por la autoridad competente hace dos años que permitió una inversión por encima de los US$1.000 millones en la construcción de un moderno puerto en la Costa del Pacífico esté siendo cuestionada hoy por el Estado, cuando su construcción ya está avanzada en un 70%? ¿Puede el Estado revisar una autorización que él mismo ha emitido y que es el sostén de un Estado de derecho, pues fue emitida por el órgano competente? No debe extrañar, entonces, que el inversionista privado haya iniciado ya un arbitraje internacional contra el Estado Peruano, bajo un Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado y vigente.

En quinto lugar, ¿cómo es posible que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busque prudentemente controlar el endeudamiento de las municipalidades, sobre todo de la Municipalidad de Lima, a fin de evitar un sobreendeudamiento que pudiera perjudicar su calificación de grado de inversión y pocos días después el propio ministro dé marcha atrás en esta decisión? En el largo plazo, ¿es razonable que la Municipalidad de Lima se endeude sin ningún criterio racional?

En sexto lugar, ¿cómo es posible que el MEF se ponga de costado frente al gradual desmantelamiento del sistema privado de pensiones, habiendo sido esta una de las principales reformas que promovieron el desarrollo del mercado de capitales y aseguraban una pensión a quienes optaron por este sistema de cuentas individuales?

En séptimo lugar, ¿cómo es posible que la presidenta cambie de versión sobre unos regalos que le dio el gobernador regional de Ayacucho a cambio de arrasar con todo criterio racional del MEF para la priorización de las inversiones públicas? ¿Lo hizo solo con el ánimo de evitar ser pasible de una denuncia penal cuando dejara la presidencia?

Bueno, el lingote de oro que llevan de sobrepeso en la mochila en este viaje a París es la reciente rebaja en la clasificación de riesgo de S&P, de BBB a BBB-. ¿Cómo es posible que la explicación de esta mala noticia para los peruanos la dé alguien que afirma que todo es producto del “ruido político”? Es decir, por alguien que no entiende el daño que la gestión del Gobierno y del Congreso está haciendo a los peruanos.