Martín  Tanaka

Existe amplia evidencia de que, en ciertas regiones del país, hay un generalizado y profundo descontento tanto con el actual como con el accionar del .

La encuesta de enero del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que un 30% de entrevistados apoya el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo; y un 41% está de acuerdo con el intento de disolución del Congreso, siendo importante notar que la aprobación supera a la desaprobación en el ámbito rural, y en los niveles socioeconómicos más bajos. Frente a las de enero, un 50% declara sentirse identificado con ellas, un porcentaje que sube hasta el 60% en el ámbito rural y en el sur del país. Y la tolerancia frente a formas violentas de protesta es muy alta en algunos contextos: un 30% justifica el bloqueo de carreteras como forma de protesta, un porcentaje que sube hasta el 45% en sur. Es más, en el sur, un 21% justifica la toma de aeropuertos y la agresión a las fuerzas del orden. Se trata de porcentajes preocupantemente altos. Finalmente, recordemos que en la encuesta de diciembre un altísimo 71% se mostraba en desacuerdo con que haya asumido la Presidencia de la República, un porcentaje que llegaba hasta el 84% en el sur.

Una conclusión es que la dinámica de las protestas de diciembre y enero se explica fundamentalmente por el malestar de un porcentaje muy significativo de ciudadanos, mayoritario en algunas regiones. Esa ciudadanía no tiene propiamente representación política, e intentos como los del Frente Amplio, el Nuevo Perú o Perú Libre fracasaron en concretizarla en los últimos años. Castillo alcanzó a desarrollar cierta identificación con su figura (ese 26% que consideró en diciembre a su gobierno como bueno o muy bueno, un porcentaje que subía hasta un 43% en el ámbito rural, un 42% en el centro y un 40% en el sur), no tanto porque pusiera en marcha alguna iniciativa de política relevante o porque tuviera algún liderazgo especial, sino porque logró con cierta eficacia desempeñar el papel de víctima de una oposición extremista que se encargó de tapar la pésima gestión de este con iniciativas “de control” antojadizas y arbitrarias. Así, el intento de golpe de Estado fue visto por muchos como una respuesta desesperada ante agresiones permanentes, la vacancia como la consumación del objetivo de la derecha y la toma de mando de Boluarte como una traición. El vacío de representación ayuda a entender que las protestas hayan confluido en plataformas y demandas fuertemente antisistema y de naturaleza política (como la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones o un gobierno de transición “negociado”) que grupos extremistas ciertamente buscan capitalizar. Sin embargo, ellos operan sobre un sentido común bastante radicalizado que les permite actuar y que es el que habría que intentar desmontar para aislar a esos grupos.

El problema con Boluarte es que desde el inicio buscó un acercamiento con la mayoría parlamentaria como estrategia de supervivencia, sin sopesar adecuadamente el nivel de desprestigio del Congreso y la masividad y radicalidad de las manifestaciones. Frente a las protestas de diciembre, que dejaron un lamentable saldo de 22 fallecidos, Boluarte podría haber esgrimido en su defensa la novedad en el cargo y expresado un propósito de enmienda a través de la destitución de Pedro Angulo. El gran problema es que con Otárola en la Presidencia del Consejo de Ministros no parece haber habido mayor aprendizaje y la respuesta estatal terminó con 20 muertos más la semana pasada. El discurso de Boluarte insiste en la tesis de la manipulación y la infiltración (que existen) en vez de poner por delante la comunicación con los sectores rurales y provincianos movilizados que piden su renuncia, dando explicaciones, abriendo canales de diálogo y buscando salidas políticas con mayor sentido de urgencia. La salida es ahora aún más complicada, porque a la desconfianza y al rechazo de antes se suman el dolor por las muertes y el orgullo y la dignidad heridos. Pero si no se corrige el rumbo, lamentablemente, la lógica de la confrontación pura seguirá.

Martín Tanaka es profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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