La gran tarea

La sucesión de corrupción y despropósitos que vivimos bajo Pedro Castillo fue un espejo de lo que ocurre en la política regional. Tenemos 21 años de una descentralización nacida bajo el apuro y la improvisación que hoy trae una espiral de incompetencia condenando a millones de peruanos a una pésima calidad de vida.

El repliegue de los partidos políticos dio paso a la proliferación de movimientos que cada cuatro años ofrecen una lotería de aventureros o radicales ansiosos de apoderarse del botín presupuestal. Según ECData, el 62% de las autoridades subnacionales elegidas desde el 2002 carecen de un soporte partidario. Sin partidos ni cuadros, gobiernan con el compadre que luego será el cómplice.

En la gestión anterior, de 25 gobernadores, 24 tenían investigaciones por varios delitos, la mayoría por corrupción, y 57 altos funcionarios habían sido investigados, detenidos o sentenciados. Áncash, la región que más transferencias recibe por canon minero, también tiene el récord de más gobernadores presos: cuatro. Uno tras otro. Ocho procuradores se repartieron 2.689 casos para investigarlos y seguramente no terminarán de revisarlos en esta vida.

En un editorial reciente, recordamos que no son los gobernadores, sino los alcaldes los responsables del mayor monto para inversión. Según el IPE, entre el 2019 y el 2022 los alcaldes dejaron de invertir S/40.000 millones. El presupuesto de los sectores salud y educación juntos. ¿Cuántas vidas cambiarían si se utilizaran bien estos recursos?

Gestiones incapaces de ejecutar presupuestos para su propia gente están haciendo que cada vez más peruanos estén y se sientan excluidos. Hoy las autoridades subnacionales no tienen ninguna obligación de establecer prioridades. No hay control en el gasto. Muchos cargan sesgos ideológicos en contra del capital privado y conviven con poderes ilegales.

Todo esto profundiza nuestros dos grandes problemas históricos que hoy Carmen McEvoy destaca en la entrevista que publicamos en esta edición: la institucionalidad y la inclusión social.

La descentralización ha fracasado en su principal objetivo: acercar el Estado a la población a fin de proveerle mejores servicios. El Gobierno Nacional, que tampoco cumple con atender necesidades básicas, no puede seguir normalizando estas fallas que ponen en riesgo la gobernabilidad. Debe brindar apoyo técnico, redoblar los esfuerzos en capacitaciones, pero también controlar y sancionar. Salvar la descentralización es la gran tarea. La democracia no va a significar nada para la ciudadanía si no atendemos esta realidad.