Los recurrentes escándalos que envuelven al Ejecutivo lo han conducido hacia lo que parecía imposible: superar aquel recurrente oxímoron, el de la precaria estabilidad que lo caracterizaba hasta hace algunas semanas. Hoy, la crisis crónica estaría siendo reemplazada por un preludio, acaso un colofón, según la ubicación desde donde se mire.
Un primer componente de ese panorama es la debilitada posición de la impopular presidenta Dina Boluarte. Hasta hace algunas semanas, sus bemoles eran la baja aprobación popular (Datum, 10%; Ipsos, 9%) y su práctica imposibilidad de desplazarse por el interior del país. Hoy debe, además, rehuir de la prensa, que inevitablemente le preguntará por su particular afición a los relojes o la poca clara evolución de sus cuentas bancarias (Graciela Villasís, El Comercio, 24/3/2024).
A ello deben agregarse los flancos que se abren casi a diario en los distintos sectores. Esta semana, por ejemplo, se supo de la renuncia del exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. La razón, según una nota de Ángel Paez y Doris Aguirre, sería su oposición a la compra irregular de 7.000 fusiles (“La República”, 27/3/2024).
Hasta quienes se presentaban como las promesas de brotes verdes en el Gabinete, José Arista (en el MEF) y Rómulo Mucho (en el Minem), presentan flancos: el primero, por una flexibilización que favorece a la Municipalidad de Lima, que ha recibido críticas unánimes; el segundo, por una contratación que no termina de ser explicada.
El Congreso, entre tanto, debe ver con resignación como se deshace uno de sus grandes estropicios: la remoción parcial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La incertidumbre sobre el desenlace de la resolución judicial que reponía a los vacados Aldo Vásquez e Inés Tello se despejó el lunes 25, cuando retomaron sus funciones.
Si bien el fallo puede apelarse o puede reactivarse alguna acción de control político, hoy la voluntad del Congreso ha sido rebatida, poniendo en cuestión –de paso– aquella “dictadura parlamentaria” que muchos describen.
No se salvan de esta progresiva precariedad los gobiernos subnacionales, incapaces de consensuar una posición sobre la acuciante coyuntura nacional. Los dos comunicados que circularon el lunes, uno quitándole piso al otro, grafican esta falta de cohesión basada, al parecer, en concesiones que se alcanzan o buscan alcanzarse.
Lo descrito parece ser coherente con la creciente falta de representatividad que enfrentan las autoridades peruanas. Una reciente encuesta de Ipsos encargada por Idea Internacional, por ejemplo, trae un dato que debería ser alarmante: el 83% de los encuestados manifiesta no sentirse representado por ninguna autoridad actual, mientras que solo el 2% dice sentirse representado por la presidenta o el Congreso, el 4% por los gobiernos regionales y el 9% por los municipios.
¿Con qué canción se describiría la democracia peruana actual?